Como en la Marcha de San Lorenzo, sordos ruidos se dejan oír tras los muros del Senado, en donde ya se empieza a notar el clima de tensión e incomodidad que genera en todas las bancadas las nominaciones para la Corte Suprema de Justicia, en particular el pliego que nomina al juez federal Ariel Lijo para una de las más altas magistraturas del país.
Este domingo, en una entrevista con TN en la que afirmó que “brega” por una Justicia independiente y en la que habló de “pegarle un cañonazo en la cabeza” a los corruptos, el presidente Javier Milei defendió la postulación de Lijo, quien arrastra sospechas y denuncias en su contra por su patrimonio y el manejo de las causas sensibles para el poder. “Estoy convencido de enviar el pliego. Las presiones mediáticas me tienen sin cuidado. Todos tienen algo para decir. La experiencia que tiene Lijo en el tema de la Justicia… Hay gente a favor y gente en contra. Es una sociedad dividida. Todo es materia de debate”, dijo Milei.
Entre quienes impugnaron a Lijo aparecen destacadas organizaciones empresarias, jurídicas y profesionales, como el Foro de Convergencia Empresaria, Será Justicia, Fores, la Academia Nacional de Derecho, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la red de entidades Rejia, Inecip, el Colegio de Abogados de la Ciudad y la ONG Poder Ciudadano, además de figuras como Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, y partidos como la Coalición Cívica, que denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo frenó esa investigación interna. Además de las manifestaciones públicas de rechazo, se presentaron 328 impugnaciones cuando su postulación estuvo sometido a la opinión ciudadana en el Ministerio de Justicia, que las desestimó sin mayor trámite.
El tratamiento de los pliegos de Lijo y de Manuel García-Masilla todavía no tiene fecha definida y lo único que se sabe es que un puñado de senadores han adelantado sus votos. Son los que sin cortapisas han declarado que están en contra de que un personaje tan cuestionado y controvertido como el juez federal pueda culminar su carrera ocupando un sitial en la cabeza de uno de los tres poderes del Estado.
A ese por ahora selecto club de opositores declarados a Lijo se ha sumado en las últimas horas la senadora radical Carolina Losada. La santafesina y experiodista le dijo a este diario que votará en contra de la nominación y se sumó así a la lista que integraban el jefe del bloque Pro, Luis Juez, su compañera de bancada y comprovinciana Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y el libertario Francisco Paoltroni (Formosa), que ya han anticipado su voto.
El senador formoseño, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, no sería el único oficialista dispuesto a votar en contra de los deseos de la Casa Rosada. Al menos dos fuentes legislativas coincidieron en que hay otro legislador de La Libertad Avanza (LLA) que rechaza la postulación del juez federal a la Corte Suprema, aunque decidió mantener su postura en secreto para evitar las presiones de los “poderosos amigos” de Lijo, que vienen recorriendo el espinel de la Cámara alta, trajinando celulares y protagonizando reuniones con senadores, para convencer de las ventajas de votar al polémico magistrado.
La resistencia a Lijo en las filas oficialistas tiene en Victoria Villarruel a su principal figura. Lo dijo hace dos meses en el único reportaje que concedió a un canal de noticias desde que llegó al segundo escalón del Poder Ejecutivo y desde entonces ha guardado prudente silencio. En parte, porque no quiere sumar un cortocircuito más en su relación con la Casa Rosada, en la que cualquier cosa que hace la vicepresidenta sirve de excusa para criticarla. Pero también porque se trata de una discusión en la que no podrá intervenir de manera activa desde el punto de vista legislativo.
Por las mayorías constitucionales que requiere, el voto de los dos tercios de los presentes en el Senado, la vicepresidenta no tiene ninguna posibilidad de participar en la definición a la hora de darle acuerdo a un juez de la Corte, como sí pudo hacer al desempatar en tres votaciones durante el debate de la Ley Bases en la Cámara alta.
Sin embargo, que no hable de manera pública no significa que haya cambiado su postura y tampoco que Villarruel tenga pensado ponerle el cuerpo al tema. “Nadie del (Poder) Ejecutivo nos pidió nada; nosotros no vamos a jugar en contra, pero tampoco vamos a militar el voto a favor de Lijo”, le dijo a este diario un estrecho colaborador de la vicepresidenta.
Amerio, el hombre de Caputo
La pregunta que surge, entonces, es quién está buscando los votos para que los dos pliegos puedan alcanzar la mayoría agravada de dos tercios de los presentes que exige el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
“Por ahora, nadie. Nadie del Gobierno está moviendo un dedo para conseguir los votos para Lijo y García-Mansilla”, le dijo a este diario un senador de la oposición dialoguista que, como contrapartida, sí recibió llamados de parte del juez federal pidiéndole que apoye su nominación al máximo tribunal de Justicia del país.
La única persona del Poder Ejecutivo que se ha contactado con alguien en el Senado ha sido el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien se ha consolidado en los últimos meses como uno de los satélites en ascenso del operador político todo terreno del Gobierno, Santiago Caputo, al extremo que, se dice en los corrillos políticos, ha desplazado del control de la cartera de Justicia a su titular, Mariano Cúneo Libarona.
Amerio, que es empleado de la Corte en uso de licencia y es también representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, es quien se habría comunicado con la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), para conocer los tiempos que manejaba la legisladora para convocar a la audiencia pública en la que Lijo y García-Mansilla deberán defender sus nominaciones.
La única directiva que parecen llegar desde la Casa Rosada es que, en la discusión por los jueces de la Corte, “son los dos o ninguno”. En otras palabras: si pasa Lijo también tiene que hacerlo García-Mansilla.
Tal como informó este diario el último jueves, los plazos que maneja Tagliaferri y la Secretaría Parlamentaria del Senado, que depende de Villarruel, estarían ubicando las audiencias públicas recién en agosto.
Si esto es así, la publicación de los edictos en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional de la convocatoria a la audiencia pública recién estaría conociéndose a finales de la semana que comienza. La única previsión que establece el Reglamento de la Cámara alta es que la citación deberá hacerse con al menos 15 días de anticipación. Cualquier plazo mayor, estaría dentro de lo que permite la normativa.
“Lijo y el otro van a tener que tener cuidado”, le dijo a este diario un veterano senador peronista, que suele tomarse estos temas en solfa y disfruta mirarlos desde afuera, antes de citar un viejo dicho popular. “Que no se olviden que ‘julio los prepara y agosto se los lleva’, no vaya a ser cosa que ninguno consiga el acuerdo”, remató el legislador, mientras lanzaba una sonora carcajada que resonó por los vacíos pasillos del palacio legislativo.
