¿Y si no sale ninguno? Las dudas comenzaron a circular por varios despachos del Senado, en donde analizan, no sin sorpresa, que la exigencia del Gobierno de que deben tener acuerdo “los dos o ninguno” podría terminar en un escenario inaudito, en el que las candidaturas del juez federal Ariel Lijo como el catedrático Manuel García-Mansilla terminen anulándose mutuamente y quedándose sin los votos necesarios para convertirse en miembros de la Corte Suprema de Justicia, tal como pretende la administración de Javier Milei.
Este extraño fenómeno ya habría llegado hasta la mesa en la que se toman las decisiones en la Casa Rosada. De ahí, confiaron fuentes legislativas, que desde el Poder Ejecutivo reflotaran, la semana pasada, la posibilidad de ampliar el máximo tribunal de Justicia. A más cargos para repartir, mayor posibilidad de diluir las resistencias a García-Mansilla, que estarían frenando la nominación de Lijo.
Hasta el momento no se sabe cuándo comenzarán a correr los plazos para el tratamiento en la Cámara alta de los pliegos. Según pudo saber LA NACION de fuentes parlamentarias, esta semana serían publicados los edictos convocando a las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos en la que los candidatos deberán defender sus postulaciones.
Serán dos reuniones por separado y, como anticipó este diario, en los primeros días de agosto. Concluidas ambas exposiciones, en las que los candidatos deberán afrontar las preguntas de los senadores y responder de manera pública las impugnaciones que se les formulen a sus pliegos, tendrán su primera prueba de fuego: obtener dictamen favorable de la mitad más uno de los miembros de la Comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).
Como nunca antes en el parlamento, en el caso de los pliegos de la Corte Suprema podría aplicarse a la política el principio de la física según el cual dos fuerzas de igual potencia en dirección contraria dan como resultado una suma cero.
Una de esas fuerzas es Lijo. La nominación del controvertido juez federal parecía navegar por las procelosas aguas de un acuerdo político subterráneo en el que estarían involucrados el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, al que todos sindican como el “padre” de la postulación; Cristina Kirchner, que aportaría el voto de sus senadores; un sector cada vez más amplio de la UCR, y el gobierno de Milei.
Por el otro lado, la candidatura de García-Mansilla parece empujar en sentido contrario. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral es el candidato “puro”, con un perfil ideológico más acorde con el que muestra la administración libertaria. Pero la figura del catedrático encuentra fuertes resistencias en varios despachos de la Cámara alta, en los que le objetan una postura “antiderechos”, en alusión a su rechazo a la legalización del aborto.
“Si tuviera que tomar una decisión, te diría que tengo más razones para votar a Lijo que a García-Mansilla, que rechaza el aborto”, fue la frase que le dijo a este diario una legisladora de la oposición dialoguista y que resume el espíritu de los que se oponen a votar al candidato.
Así, en esos sectores de la Cámara alta pareciera pesar más la postura contraria a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo de García-Mansilla que las fuertes objeciones morales, profesionales y personales que pesan sobre Lijo, cuyo pliego recibió de 328 impugnaciones durante el trámite de apoyos y observaciones que encaró el Ministerio de Justicia. Por fuera de ese procedimiento, un conjunto inédito de entidades jurídicas, profesionales, académicas y empresarias cuestionaron tanto las sospechas y denuncias que el juez arrastró por su patrimonio y el manejo de las causas sensibles al poder, como su escasos antecedentes académicos y profesionales para acceder al Máximo Tribunal. Se espera que esas objeciones se repitan cuando se abra un proceso similar en la Comisión de Acuerdos del Senado, paso previo a la audiencia pública.
Tampoco pareciera inquietar en algunos despachos del Senado el hecho de que Lijo haya sido postulado para ocupar la poltrona que dejó vacante en 2021, cuando renunció al tribunal, Elena Highton de Nolasco. Por el momento, las principales espadas kirchneristas de la paridad de género guardan un ominoso silencio, en sintonía con el hermetismo que mantiene Cristina Kirchner ante los rumores de que la postulación del juez federal sería parte de un pacto que le garantice una “pacífica resolución” de las causas por corrupción que la tienen como protagonista.
Según fuentes legislativas, el Gobierno no ha movido demasiados engranajes en la Cámara alta con la intención de asegurarse la aprobación de ambos pliegos y ha dejado librado a la voluntad de los candidatos el trabajo de sumar votos, mostrándose Lijo como el más activo, según las versiones que dejan trascender desde el entorno del juez federal.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo sí dejó en claro la instrucción de que “son los dos o ninguno”. En otras palabras, no tiene problemas en convertir en juez de la Corte a un personaje cuestionado como Lijo, pero exige que también se le dé acuerdo a García-Mansilla.
Esta disyuntiva abre un panorama complejo. Ya lo comprobó Cristina Kirchner en septiembre de 2022, cuando impulsó la ampliación de la Corte a 15 miembros. El proyecto pasó la prueba del Senado, pero duerme en un cajón de la Cámara de Diputados por falta de votos. La iniciativa todavía tiene estado parlamentario, una variable que la Casa Rosada deberá tener en cuenta si es que pretende recorrer el mismo camino para tratar de convertir a Lijo y García-Mansilla en jueces del máximo tribunal.
