Los nombres que envió el gobernador Axel Kicillof como candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales en la provincia de Buenos Aires incluyen postulantes sobre los que pesan pedidos de juicio político, como los casos del fiscal general interino de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, y del juez de garantías Nº8 de ese mismo departamento judicial, Gabriel Vitale, ambos apuntados por la senadora provincial Florencia Arietto. El listado se amplió a último momento y sumó nueve candidatos más a los 129 que había enviado el Poder Ejecutivo bonaerense, en una salida que permitió destrabar el trámite con el agregado de ocho aspirantes en La Matanza y uno en Azul.
Baccini es candidato a fiscal general departamental de Lomas de Zamora (de aprobarse su pliego, dejaría de ser interino en esa función). Con impulso de Arietto, el bloque de senadores bonaerenses “La Libertad Avanza 1″, que integran también Carlos Curestis y Joaquín de la Torre, presentó un pedido de jury contra Baccini, por su actuación en una causa contra el fiscal Adrián García Lois, por “abuso sexual con acceso carnal y otros”, que fue archivada. Según la consideración de Arietto, Baccini favoreció a García Lois al ordenar un cambio de fiscalía en la investigación.
Un rechazo del juez de garantías de Ezeiza Horacio Hryb, el 1º de abril de 2022, a un pedido de recusación de la fiscal que trabajaba en el caso, María Lorena González, planteado por la defensa de García Lois, incluyó la elevación del expediente “al Fiscal General [por el interino Baccini] a fin que evalúe y a fin de despejar cualquier duda, si considera necesario la intervención de otra fiscalía”, dado “el carácter tenso, fervoroso, receloso y lleno de sospecha del planteo efectuado por el recusante”. El fiscal general interino, un mes después, decidió remitir la causa a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9, cargo del fiscal Sebastián Bisquert, y el caso se archivó.
Fuentes judiciales que cuestionan el planteo de Arietto contra Baccini argumentaron que el pedido de jury no tiene fundamentos porque el fiscal general interino de Lomas se amparó en un requerimiento del juez de garantías Hryb para decidir el cambio de fiscalía.
Si bien el pedido de juicio político iniciado por Arietto no lo incluye como motivo, sobre Baccini (y Bisquert) pesan cuestionamientos por sus actuaciones en una causa vinculada al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. La cuestión saltó a la luz cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, le pidió al fiscal Jorge Grieco una causa que había sido archivada, en la que se investigaba al contador municipal de Lomas de Zamora Hernán Rosin, tras el hallazgo, en 2017, en la municipalidad, de cajas con presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, en un presunto “kit para inventar licitaciones”. Ese envío a Mola se demoró y el procurador general provincial, Julio Conte Grand, le giró la solicitud a Baccini y ordenó investigar si Grieco incurrió en una inconducta.
En marzo, Bisquert ordenó el archivo del expediente contra Rosin y Grieco dispuso devolver parte de la prueba a los acusados y destruir el resto. “Es una causa muy vieja, que se archivó, contra el contador de la municipalidad. El denunciante no apeló ese archivo y no hubo destrucción de prueba”, dijo a este diario una fuente judicial que rechaza la presunta cobertura judicial a Insaurralde y sus funcionarios.
En el caso del juez Vitale, candidato a juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, Arietto hizo el pedido de jury en su contra por su desempeño en la causa del club Independiente en la que se investigaba a Hugo y Pablo Moyano por presunta asociación ilícita, un expediente que terminó en poder del juez Luis Carzoglio (destituido el año pasado por causas ajenas a su actuación en el caso de los Moyano).
Vitale –que entre otros casos resonantes, fue el juez de la causa Érica Soriano, la mujer asesinada en Lanús en 2010 por su pareja, Daniel Lagostena– instruyó el expediente Independiente, ordenó 50 allanamientos y procedió a la detención de 19 personas, entre ellas, el exvicepresidente del club Noray Nakis. Pero nunca detuvo a los Moyano y, según recordaron fuentes judiciales, quedó atravesado por denuncias de supuestas presiones y “aprietes” para apresar a los dirigentes gremiales. El juez querelló a Arietto por mensajes de la actual senadora en su contra, emitidos a través de Twitter.
“La Libertad Avanza no fue consultada por los nombres enviados, hay nombres que dejan mucho que desear. Realizamos un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y a la Procuración para que nos digan si hay alguno con sumarios administrativos, denuncias penales o sanciones”, indicaron cerca de Arietto. La senadora ganó su banca por Juntos por el Cambio, pero dio el salto a La Libertad Avanza en abril, cuando formalizó su incorporación al bloque que, por entonces, integraba Curestis en soledad tras reemplazar a Sebastián Pareja, quien asumió como subsecretario de Integración Sociourbana.
Los pliegos llegaron al Senado provincial el 22 de agosto siendo 129, pero una semana después, tras una reunión entre la vicegobernadora y titular de la Cámara, Verónica Magario, y el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, el número se elevó a 138, con el ingreso de ocho aspirantes de La Matanza (Sara Cáceres, Sebastián Gallo, Matías Marando, Diego Rulli, Evangelina Sánchez, Gonzalo Tarrio Suárez y Lorena Pecorelli, propuestos para ser fiscales; Sebastián Carreira Ochoa, anotado como candidato a juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal) y uno de Azul (Karina Gennuso, para jueza de un tribunal criminal).
Magario no había girado los pliegos a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y el titular de ese cuerpo, el senador camporista Emmanuel González Santalla, le había pedido por carta que lo hiciera. Esa traba se levantó con los ingresos de los candidatos de La Matanza (distrito de Magario y de su socio político Fernando Espinoza) y de Azul.
En el listado de candidatos también aparecen algunos apellidos con recorrido político, como el postulante a juez de tribunal criminal en Mercedes Martín Eduardo Révora, que es primo del senador Eduardo “Wado” de Pedro y hermano del subsecretario de Asuntos Municipales bonaerenses, Santiago “Lalo” Révora. En el mismo departamento judicial, Gisela Selva, la hija del exintendente Carlos Selva y actual jueza correccional, está postulada a jueza de cámara en lo penal. Germán Sánchez Jáuregui, hermano de la exdiputada bonaerense y dirigente del gremio rural Uatre, Natalia Sánchez Jáuregui, figura como candidato a juez de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. “Es secretario de juzgado civil y está hace años”, dijo la diputada.
