Un mes pasó desde que Ariel Lijo expuso en audiencia pública en el Senado para defender la nominación como juez de la Corte Suprema impulsada por el presidente Javier Milei. Desde entonces, su pliego permanece estancado, sin alcanzar las nueve firmas que necesita para obtener el dictamen de la Comisión de Acuerdos que le permitiría llegar al recinto para afrontar la verdadera prueba de fuego: reunir el apoyo de los dos tercios de los senadores presentes y convertirse en juez del máximo tribunal.
En la misma situación se encuentra el catedrático Manuel García-Mansilla. Su audiencia se celebró una semana después, el 28 de agosto, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la vacante que dejará en diciembre próximo el cordobés Juan Carlos Maqueda, cuando deba jubilarse en cumplimiento del precepto constitucional que ordena pasar a retiro a los magistrados cuando cumplen 75 años.
Sin embargo, y a pesar de la ausencia de novedades legislativas, en algunas mesas de análisis del Senado comenzó a cobrar cuerpo la sospecha de que el Poder Ejecutivo vería con agrado el empantanamiento de sus candidatos, lo que explicaría la escasa reacción que tuvo desde que el kirchnerismo planteó su exigencia de negociar otros cargos judiciales. Los senadores que responden a Cristina Kirchner pretendían negociar también la ampliación de la Corte Suprema, la procuración general y más de 140 juzgados federales vacantes de todo el país a cambio de darle su apoyo a Lijo y García-Mansilla.
La explicación de este empantanamiento debe buscarse en la ley que volvió a dejar en cinco la cantidad de miembros del tribunal, luego de la ampliación a nueve que había instrumentado el menemismo. La norma fue diseñada en 2006 por Cristina Kirchner cuando era senadora, más de una década y media antes de que, como consecuencia de las causas judiciales por corrupción que la tienen como protagonista, impulsara otro proyecto que eleva a 15 los jueces de la Corte Suprema. Esa iniciativa la aprobó el Senado y todavía permanece con estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
La ley de 2006, número 26.183, establece que las decisiones del tribunal se toman por la “mayoría absoluta de sus miembros”. Es decir que se necesita del voto de tres de sus cinco miembros para emitir un fallo. Ese imperativo legal cobra ahora una significación trascendental ya que, si antes del próximo 9 de diciembre, fecha en la que cumplirá 75 años Maqueda, el Senado no aprueba al menos uno de los pliegos que tiene en tratamiento, todas las decisiones que adopte la Corte deberán tomarse por unanimidad, ya que quedará compuesto por tres jueces.
Y aquí empiezan las especulaciones políticas sobre el papel determinante que tendrá Ricardo Lorenzetti, mentor de la candidatura de Lijo que adoptó el Poder Ejecutivo y actualmente enfrentado con los otros dos miembros que quedarían en el tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
“No va a salir un fallo si Lorenzetti no lo apoya; le van a dar las llaves de la Corte”, especuló un senador de la oposición dialoguista, anticipando una eventual paralización del tribunal.
Complicaciones
Hasta hace poco más de dos meses, la llegada de Lijo a la cima del Poder Judicial parecía transitar por un camino asfaltado en la imaginación del asesor presidencial Santiago Caputo y de Lorenzetti. Pero todo cambió cuando el kirchnerismo decidió patear el tablero y exigir una negociación de cargos judiciales, siempre codiciados por Cristina Kirchner, a cambio del voto de Unión por la Patria en el Senado.
Ahora, la polémica nominación parece regirse por un lema heráldico ad astra per aspera (A las estrellas por el camino más difícil), mientras se acrecienta el fantasma de Roberto Carlés, el abogado propuesto por Cristina Kirchner en marzo de 2015, cuyo mayor mérito para aspirar al cargo era su relación con la entonces presidenta y con el papa Francisco. El candidato expuso en audiencia pública y obtuvo dictamen de la mayoría kirchnerista en la Comisión de Acuerdos, pero su pliego nunca llegó al recinto por la cerrada resistencia de la oposición a permitir que un kirchnerismo en retirada pudiera nombrar un juez en la Corte.
Para colmo de males, en el radicalismo crece la resistencia a apoyar a Lijo y a García-Mansilla. El sector del Comité Nacional más crítico a la conducción partidaria de Martín Lousteau volvió a la carga la semana pasada reclamando que el principal órgano directivo de la UCR se expida pidiéndole a sus senadores que se abstengan de avanzar con el trámite legislativo de las nominaciones a la Corte.
Exigen que el Poder Ejecutivo nomine al menos una mujer al tribunal ya que, enfatizan, la designación “de dos varones es inconstitucional, arbitraria, discriminatoria y contraria a tratados internacionales con jerarquía constitucional que obligan al Estado Argentino a garantizar la igualdad de género en los espacios de poder”.
El reclamo por el cupo femenino en la UCR no es nuevo. Ya había aparecido hace dos semanas, cuando Lousteau convocó a una reunión del Comité Nacional para discutir la posición del partido sobre las postulaciones impulsadas por Milei. En esa reunión, varios destacaron que el sitial para el que está propuesto Lijo lo ocupaba Elena Highton de Nolasco, que renunció a su cargo en 2021.
Dos días antes de la audiencia pública de Lijo, la jueza de la Corte Suprema de Mendoza María Teresa Day había sido una de las invitadas a la reunión en la que se cuestionó la idoneidad profesional y moral del candidato. Si bien se abstuvo de opinar sobre el controvertido magistrado, fue contundente al destacar los tratados internacionales con rango constitucional que abogan por la igualdad de género y cómo las nominaciones de Milei violentaban esas políticas. La postura de Day no es un dato menor en este contexto: fue nominada al máximo tribunal mendocino por el entonces gobernador Rodolfo Suarez. El radical es hoy miembro del bloque de la UCR en el Senado.
