La presentación la realizó el lunes. El Ejecutivo sostiene que la regulación vigente presenta “graves falencias”. E indicó que a más de “15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares demostró graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
Más de 25 organizaciones de todo el país, incluida Greenpeace, expresaron su profunda preocupación ante la posible reforma de la ley N° 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”.
En un documento conjunto, las organizaciones de la sociedad civil coinciden en la necesidad de reafirmar los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que dieron origen a la Ley de Glaciares y rechazan cualquier modificación que reduzca los niveles de protección ya establecidos.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, constituye un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Las organizaciones señalaron que modificarla implicaría habilitar, actividades económicas, especialmente la minería de gran escala, con alto impacto ambiental y, entre otras cosas, la pérdida del agua almacenada en ellos.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto para modificar la ley de Glaciares
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