A pocos días de haberse cumplido 10 años de su detención, el Gobierno solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el fin de la prisión domiciliaria de Milagro Sala, quien permanece bajo ese régimen desde 2017 en cumplimiento de una disposición del tribunal internacional. El pedido oficial busca que la dirigente social jujeña pase a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común.
La solicitud fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que alegó que la solicitud responde a que Milagro Sala, exlegisladora provincial y referente de la Organización Barrial Túpac Amaru, fue condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. La sentencia firme establece una pena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta. La Subsecretaría, que depende de Joaquín Ignacio Mogaburu, sostiene que la prisión domiciliaria representa un beneficio que “no corresponde dada la gravedad de los delitos”.





























