En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 3 de noviembre, Donald Trump volvió a colocar el sistema electoral en el centro de la disputa política con su impulso a la llamada SAVE America Act, una iniciativa que exige prueba documental de ciudadanía para registrarse y una identificación oficial con foto para votar. En un país sin DNI nacional obligatorio, donde millones de ciudadanos usan documentos distintos según el estado, la medida puede convertirse en una barrera concreta para votantes con menos acceso a papeles actualizados. Trump, que la considera una prioridad absoluta, llegó a advertir que no firmaría otras leyes hasta que el Congreso aprobara el proyecto.
La propuesta impactaría especialmente sobre afroamericanos, hispanos, jóvenes, sectores de bajos ingresos y mujeres casadas que cambiaron su apellido y cuyos certificados de nacimiento ya no coinciden con su nombre actual. Organizaciones de derechos electorales advierten que más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a los documentos requeridos, mientras que el debate político elevó la cifra de mujeres potencialmente afectadas a cerca de 69 millones. El proyecto no eliminaría automáticamente el derecho al voto de esas personas, pero sí agregaría trámites, verificaciones y márgenes de discrecionalidad estatal que podrían reducir la participación.
Trump justifica la ofensiva con el argumento de que millones de inmigrantes indocumentados votan ilegalmente y favorecen a los demócratas, una acusación que sus críticos señalan como infundada: los no ciudadanos ya tienen prohibido votar en elecciones federales y los casos detectados son raros.
La batalla por 30 millones de votos que puede definir las elecciones legislativas en Estados Unidos
