La propuesta del Poder Ejecutivo nacional de derogar la Ley N° 25.542 de Defensa de la Actividad Librera encendió las alarmas en todo el ecosistema cultural y editorial argentino. La normativa, sancionada a fines de 2001 e inspirada en legislaciones internacionales como la Ley Lang francesa, establece que los editores o importadores fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) para cada título, lo que garantiza condiciones de competencia equitativas entre pequeñas librerías de barrio y grandes cadenas comerciales o plataformas de venta online.
A través de un pronunciamiento oficial, la Fundación El Libro calificó a la ley como la “columna vertebral” del sector y rechazó el proyecto oficialista, sosteniendo que la medida “dejará en situación de vulnerabilidad a los sectores más pequeños del mercado, como las librerías independientes, las editoriales de menor escala y los autores, al tiempo que favorecerá la concentración del negocio”.
Preocupa la desregulación y derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera
