La llegada de menores migrantes desde Ceuta hacia la Península está generando tensiones en los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox en diversas comunidades autónomas. Pese a que los pactos en regiones como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía incluyen la premisa de «no más menores no acompañados», la derivación de estos jóvenes se mantuvo al menos hasta mediados de julio.
La situación se agudizó con la reciente crisis humanitaria en Ceuta, que implicó la llegada de más de un millar de menores, superando la capacidad de acogida de la ciudad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), ha solicitado ayuda, mientras que Santiago Abascal de Vox ha insistido en no destinar recursos a estos jóvenes. En este contexto, presidentes autonómicos del PP reconocen en privado que cumplirán con la legislación vigente que obliga a la acogida, a pesar de sus reservas y los compromisos con Vox.
La dirección nacional del PP, tras un período de silencio, ha clarificado su postura, indicando que las comunidades gobernadas por el partido cumplirán la ley, aunque critican lo que consideran «irresponsabilidad» del Gobierno central. Afirman que cualquier reparto debe ser «justo, con datos, bien dotado, planificado y con el Gobierno de España asumiendo la responsabilidad».
El mecanismo de derivación de menores extranjeros no acompañados, regulado por un decreto de marzo de 2025, adjudica un número de plazas a cada comunidad en función de sus capacidades. Desde su implementación hasta mediados del mes pasado, más de 1.750 menores han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia la Península y Baleares. La ministra de Juventud e Infancia viajará a Ceuta para activar mecanismos de acogida digna, y se anunciaron 25 millones de euros del Gobierno central para la situación en la ciudad autónoma.
