GINEBRA (Reuters).- Esta mañana el representante del gobierno de Alberto Fernández ante la ONU, Federico Villegas, mostró su preocupación respecto del nuevo informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la organización Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, que denuncia torturas, falta de independencia judicial y violencia en Venezuela.
«Compartimos la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria en Venezuela», dijo en Ginebra el representante argentino. «Solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos», agregó.
También resaltó que la crisis del país caribeño «se exacerbó por el incremento de las sanciones impuestas y por la pandemia» de coronavirus e insistió en que «no son el aislamiento ni las sanciones ni la estigmatización el camino para salir» de esta situación.
Asimismo, aseguró que la región debe «incrementar los esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles» e instó al mandatario bolivariano Nicolás Maduro a cooperar con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desde Cancillería confirmaron a LA NACION que los dichos de Villegas van en línea con lo que el Gobierno declara frente a organismos internacionales y recordaron que el Presidente valorizó el informe Bachelet de 2019 sobre Venezuela durante su campaña. También dijeron que hubo una pronunciación más dura por parte de los integrantes del Grupo de Lima a la que el país no adhirió.
De la sesión en la que se discutió la crisis venezolana participaron representantes de Uruguay, España, Portugal, Australia, Francia, Japón, la Unión Europea, Perú, Brasil y varios países más.
El documento de Bachelet detalla, entre varias cuestiones, que se registraron 16 casos de tortura o malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020. «El número real podría ser significativamente más elevado en vista de los patrones de desapariciones forzadas por un breve periodo de tiempo, detenciones arbitrarias y prisión incomunicada, los cuales suelen aumentar el riesgo de tortura y malos tratos», señala.
Además, expresa preocupación por el uso de la justicia militar en contra de civiles en Venezuela y denuncia la falta de independencia judicial. Al respecto, nombra un episodio particular ocurrido el 13 de agosto de 2019, «cuando el dirigente sindical Rubén González fue condenado a cinco años y nueve meses de reclusión por un tribunal militar, acusado de haber injuriado a las fuerzas armadas».
Entre otros puntos, destaca la explotación a manos de organizaciones criminales de minas de oro, diamantes y bauxita en la Amazonía venezolana y acusa a las fuerzas militares y de seguridad chavistas de no impedir estos delitos y de haber participado en algunos actos de violencia contra mineros.
«Las autoridades deberían tomar medidas de inmediato para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y el tráfico de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras», dijo Bachelet en un comunicado.
Por su parte el embajador de Venezuela, Jorge Valero, rechazó el reporte en un discurso en el que no mencionó específicamente la minería ilegal. «Está claro que existen manipulación y doble estándar con la intención de atacar a un estado soberano y exponerlo», dijo al foro de la ONU.
