Ante la paritaria anticipada de los trabajadores del sector, que piden 45% de ajuste en dos veces, y la elevada inflación, empresas del rubro dicen que la situación es insostenible
Como si se tratara de un deja vu, el comienzo de la negociación anticipada de la paritaria del sector de la salud, con pedidos de incrementos en abril y julio, disparó las alarmas en un sistema que arrastra la misma problemática desde hace tres años: suba de costos por encima de la actualización de los aranceles de los prestadores y de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
En efecto, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) comunicaron que, en este contexto inflacionario y frente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la salud, solicitan un incremento salarial de 45% desglosado en 25% en abril y 20% en julio, mientras que en agosto se propone una revisión en función de los niveles de inflación de ese mes.
Esto, a su vez, provocó que desde el sector empresario nucleado en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) respondieran que ningún incremento será posible sin el correspondiente financiamiento proveniente de las obras sociales provinciales, sindicales, PAMI y las empresas de medicina prepaga. “Las empresas prestadoras de salud no son formadoras de precios y dependen de los valores de las prestaciones que abona el sector financiador (obras sociales y empresas de medicina prepaga)”, argumentaron.
En tanto, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) señaló mediante un comunicado que el pago de esos incrementos será imposible de afrontar por las entidades sanatoriales sin el correspondiente traslado al precio de las prestaciones médicas, que brindan a los pacientes y facturan a las aseguradoras de salud.
Por su parte, una fuente cercana a las empresas de medicina prepaga remarcó que la situación crítica es igual a lo que se vivió en 2020 y 2021. “Así como está, con este aumento de costos y sin una actualización acorde de las cuotas que se cobran a los afiliados, el sistema de salud argentino es inviable. Desde el Gobierno, pese a que se le ha explicado la gravedad de la situación, no hay ninguna respuesta”, comentó.
En FAPS explicaron que la situación económica y financiera de las empresas prestadoras de salud se agudiza año tras año como consecuencia del constante aumento de los costos, de los incrementos salariales y del atraso continuo de la actualización y el pago por parte de los financiadores, debiendo garantizar la prestación de salud para millones de personas en todo el país.
Asimismo, afirmaron que, para poder continuar con la discusión paritaria iniciada hace nueve días, será condición necesaria tener garantizado el financiamiento correspondiente a través del sector financiador, lograr implementar el paquete de alivio fiscal para el sector prestador y actualizar el Programa Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro) para los trabajadores de la salud.
En este contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT), de la que Daer es uno de sus principales dirigentes, le planteó al Presidente avanzar con una reforma del sistema de salud que permita el financiamiento de las obras sociales sindicales.
El desafío principal, el 21 de este mes, será forzar una ley o un decreto para lograr que los monotributistas sociales aporten el mismo monto que un trabajador y para que las prepagas paguen un adicional de 15% para el Fondo Solidario de Reistribución (FSR), que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente de sus salarios a los trabajadores registrados.
En medio de todo esto, sobrevuela el fantasma de la estatización del sistema de salud, algo que las prestadoras de salud y las empresas de medicina prepaga denunciaron en junio del año pasado. En aquel momento señalaron que el desfinanciamiento del sistema formaba parte de un plan del Gobierno para estatizarlo de hecho.
En aquella oportunidad, en una conferencia de prensa convocada por la Unión Argentina de Salud, (UAS), su presidente, Claudio Belocopitt, afirmó que el Gobierno reconocía verbal y técnicamente la existencia de un desfasaje inmanejable y aun así “no cumplía con la ley” que dice que deben ajustarse las tarifas en proporción al incremento de los costos. Acto seguido,había ligado esa actitud a la intención de estatizar el sistema.
