Con el apoyo del oficialismo y sus aliados y la abstención de Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados dio media sanción al primer presupuesto de la gestión de Alberto Fernández. Se trata de la «hoja de ruta» que concibió el ministro de Economía, Martín Guzmán, como camino hacia la salida de la crisis económica, y su sanción resulta vital para el Gobierno en vísperas la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El resultado de la votación que tuvo lugar minutos antes de las 7, tras más de 18 horas de debate, fue de 139 afirmativos, 15 negativos, y 90 abstenciones. Queda por definir las posibles modificaciones de los artículos punto por punto.
El debate se anticipaba maratónico. Si bien se desarrolló de manera remota, por tratarse de la «ley de leyes» y a pedido de la oposición hay una mayor presencia de legisladores en sus bancas. Aunque no se espera dificultades para su aprobación en general, la oposición tiene la expectativa de modificar algunos artículos del dictamen durante el debate en particular, lo que augura una ardua y extensa discusión.
Las modificaciones que espera incluir la oposición no alcanzarán las proyecciones macroeconómicas pautadas por el ministro Guzmán en la iniciativa: allí prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal primario del 4,5%, un déficit financiero de 6%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.
«El proyecto se apoya en seis pilares estratégicos: la reactivación productiva; la generación de empleo; el apuntalamiento de las capacidades de innovación; el fortalecimiento de la educación y la salud y, de manera inédita, de las políticas de género y diversidad», subrayó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, tras criticar con dureza la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri.
El legislador sostuvo que, si bien no se pueden realizar «proyecciones más entusiastas» para el año próximo, las metas planteadas en el presupuesto son «moderadas, serias y cumplibles» como también «compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia».
Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina (UCR) y Luis Pastori (UCR) anticiparon la abstención del principal bloque opositor. «No queremos ser una oposición que obstaculice. Queremos asegurarnos de que el Gobierno tenga su presupuesto», enfatizó Laspina.
Fue la única concesión que hizo en su discurso; acto seguido, cuestionó duramente la gestión de Guzmán, a quien criticó por aplicar «dosis homeopáticas» para resolver la crisis cuando en realidad se necesitaría «una estrategia de shock». «El puente de Guzmán no nos conduce a la otra orilla: nos devuelve a la misma orilla», advirtió, y añadió que, «en el medio, la economía se va desangrando».
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. «A pesar del dramático impacto de la pandemia en el mundo, este es un presupuesto expansivo, es la antítesis de los presupuestos de aquellos cuatro años donde la regla era el ajuste permanente y la excepción al ajuste era el descomunal aumento de la deuda», asestó Fernanda Vallejos, mientras que su colega Marcelo Casaretto refutó la crítica opositora de que el Gobierno no tiene un plan económico.
«Por supuesto que lo tiene. Lo que no tiene es un Presupuesto de ajuste, un presupuesto neoliberal, de ese menú de opciones que dan los economistas que plantean una reforma impositiva para bajar impuestos a los ricos», enfatizó el entrerriano.
Si bien los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo se aprestan a acompañar al oficialismo en la votación en general, anticiparon sus reparos hacia algunos puntos de la iniciativa. El que más polémica genera es el que establece un fondo de $20.000 millones en concepto de subsidios para el transporte urbano en el interior del país.
«El 80% de los subsidios nacionales se destina para la Capital y su área metropolitana y el 20% para el resto del país. Con esta inequidad de distribución de subsidios no hay sistema de transporte público que aguante. Pareciera que en Argentina hay ciudadanos de primera y de segunda», advirtió el socialista Enrique Estévez.
Otro punto controvertido que también promete polémica es el incremento en los impuestos internos a los productos electrónicos contenido en la iniciativa. «Eso irá a los precios», advirtió Pastori quien, junto a su colega Alejandro Cacace, alertó que los montos asignados al pago de jubilaciones y pensiones implicarán «un ajuste» en materia de seguridad social para el año próximo.
Pese a los planteos, la postura mayoritaria de la oposición es no obstaculizar la sanción de la ley. La excepción son los bloques de izquierda, que anticiparon su voto negativo.
