(Bogotá, 10 de febrero de 2022). – En los últimos dos años, las contrataciones públicas han experimentado un escrutinio sin precedentes como consecuencia de la pandemia del Covid-19. La compra pública de todo tipo de insumos médicos, desde inhaladores hasta tapabocas o pruebas PCR, han obligado a los gobiernos a ejercer un nivel de transparencia al que en muchos casos no estaban acostumbrados. Esta realidad ha acelerado algunos procesos innovadores, pero queda mucho recorrido para aprovechar el potencial de las Contrataciones Públicas de Innovación (CPI) para acelerar la transformación digital del sector público.
Una nueva publicación de CAF -banco de desarrollo de América Latina- titulada “La compra pública como catalizador del ecosistema de govtech” analiza de manera práctica cómo las CPI pueden convertirse en un instrumento de política pública de innovación para promover ecosistemas govtech.
De acuerdo al estudio, los países de Iberoamérica más avanzados en CPI son España, Portugal y Brasil, seguidos de Chile, México, Uruguay, Colombia y Argentina, los cuales se encuentran en un proceso de adopción; mientras que Perú y Paraguay tienen un avance incipiente. Los criterios de análisis del nivel de desarrollo de CPI que obtienen mayor puntuación son el marco legal, seguido del diseño de política de CPI y la sofisticación de políticas de compra. Por el contrario, los aspectos peor valorados tienen que ver con los instrumentos de apoyo a CPI, seguido de los pilotos CPI.
Además del análisis y casos, la publicación presenta recomendaciones en tres líneas de acción para fortalecer el ecosistema govtech y fomentar la CPI en Iberoamérica. Entre las recomendaciones se destacan, la vinculación de los programas CPI y govtech a la Agenda 2030, aumentar el liderazgo institucional y el compromiso político de alto nivel y fortalecer las capacidades en el capital humano para llevar a cabo procesos de CPI.
Además, para implementar métodos ágiles de compra pública de innovación, se recomienda el desarrollo de esquemas de financiamiento para la CPI, flexibilizar los procesos normativos de regulación y la incorporación de modelos de evaluación de iniciativas CPI. Finalmente, para fomentar la oferta de scaleups y pymes govtech con vocación pública, se sugiere incluir la visión empresarial, académica y de la sociedad civil desde fases tempranas y generar espacios de encuentro entre agentes de la oferta tecnológica.
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