Pedirán la excarcelación del titular de Generación Zoe y que la causa pase al fuero federal; hay 22 imputados y un prófugo, el exjuez Yrimia
CORDOBA.- Después de dos semanas de detención, Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe, declara ante la fiscal Juliana Companys de Villa María (Córdoba). Su defensor, Guillermo Dragotto, adelantó que pedirá su excarcelación y el pase de la causa al fuero federal. Cositorto, quien estuvo dos meses prófugo, fue trasladado desde la cárcel de Bouwer en la ciudad de Córdoba. Los tribunales villamarienses amanecieron vallados y con seguridad extra.
Companys lo imputó por supuesta asociación ilícita y presuntas estafas reiteradas. Su abogado insistió en que responderá las preguntas y pedirá el acceso a las pruebas. Cositorto fue extraditado desde Santo Domingo y llegó el 12 de este mes a la Argentina. Además de Dragotto, está su colega Miguel Ángel Pierri, quienes ingresaron más temprano que el detenido al edificio.
La orden de detención fue expedida contra Cositorto el 21 de febrero por el Juzgado de control y faltas de Villa María y detalla que los delitos que se le acusan son “asociación ilícita y estafa”, que se aplican a las disposiciones de la legislación penal que reprimen los delitos en los artículos 210 y 172 del Código Penal de la Nación Argentina. En el documento se detalla que la pena máxima aplicable es de 11 años de prisión, que va conforme con el Capítulo II de los delitos contra el orden público.
Además de la imputación en Villa María, a fines de febrero el fiscal Eduardo Taiano solicitó una acción penal contra Cositorto por presunta defraudación y estafa. También pidió a la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad un informe sobre el estado de las investigaciones a cargos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Una de las denuncias contra el fundador de Generación Zoe fue efectuada por Pablo Salum, de la Red LibreMentes, y otra fue hecha por la ONG Bitcoin Argentina. Según esta organización, “hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un sumario administrativo por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales a Generación Zoe y emitió una alerta en el portal de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y comunicaciones a los entes reguladores de Colombia, España y Paraguay -países en donde se detectó actividad del grupo– para informar la apertura del sumario y avisar al público inversor en general sobre los hallazgos de la investigación.
Los imputados son Maximiliano Javier Batista, número dos de la organización y estuvo prófugo dos meses; Norman Ariel Próspero, contador de la organización; Gustavo Saavedra, abogado; Héctor Luis Yrimia, exjuez federal y exfiscal (sigue prófugo); Claudio Álvarez, líder de Generación Zoe en Villa María; Silvia Rosa Fermani, secretaria general y directora en coaching.
También Ivana Analía Álvarez, hermana de Claudio y reclutadora en Villa María; Florencia Anahí Álvarez, hacía lo mismo que su hermana; Silvio Eduardo Schamme, pareja de Ivana Álvarez; Silvana Verónica Abellonio a cargo de la sede de Villa María; Mariela Sánchez: responsable de Generación Zoe en Córdoba Capital; René Germán Udrizar, empleado de Zoe en Villa María y Cristian Omar Delgado: cajero de Zoe en Villa María.
Otros son Agustín Nicolás Pereno, recaudador y reclutador en Villa María, sede donde también se desempeñaban Claudia Beatriz Pereyra, Marcelo Valdez, Federico Moreno, Martín Pereyra, Juliana Anabella Bollea (policía cordobesa), Gabriela Fernánda Álvarez y Susana Beatriz Lujá.
