La vicepresidenta quiere avanzar con la ofensiva contra la Corte Suprema, pero en la Cámara de Diputados el oficialismo demora sus iniciativas y busca una agenda “más cercana a la gente”
Un dato confirma este tácito desinterés de apurar la agenda kirchnerista en la Cámara baja: en la decena de comisiones que finalmente se arrancarán su tarea esta semana –después de cuatro meses de atraso-, no figuran las dos que se dedican exclusivamente al tratamiento de los proyectos judiciales: las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. En los pasillos parlamentarios corre el rumor de que los acólitos de la vicepresidenta y su hijo Máximo Kirchner reclaman para sí la presidencia de Justicia –hasta el año pasado comandaba el ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade-, pero el ala “albertista” habría vetado la nominación. Esta puja en sordina tiene a maltraer a Martínez, obligado a actuar de fiel de la balanza.
La agenda de Cristina
Son dos los temas judiciales que quiere apurar la vicepresidenta. Uno de ellos es la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo que promete enervar más aún el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y el máximo tribunal. Esta misma semana arrancará en el Senado el debate de la iniciativa, la cual tiene amplias chances de ser aprobada, ya que requiere solo la mayoría simple de los votos.
Sin embargo, en la Cámara de Diputados es otra la perspectiva. El oficialismo no solo no tiene quorum propio, sino que, a diferencia de Cristina Kirchner, Massa no tiene interés en enfrentarse con el máximo tribunal ni con su presidente, Horacio Rosatti. A las batallas se las libra cuando se las puede ganar. ¿De qué le serviría al oficialismo el desgaste de aprobar la ley si después no reunirá los dos tercios de los votos en el Senado que exige la Constitución para cubrir las eventuales nuevas vacantes? El pragmatismo ante todo.
A su vez, para nombrar a cada nuevo juez se requieren dos tercios de los votos en la Cámara alta.
El segundo tema que obsesiona a Cristina Kirchner es la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, pendiente en la Cámara de Diputados. Hace dos semanas el Senado le dio media sanción a la iniciativa que, de ser aprobada sin modificaciones, eyectaría automáticamente al presidente de la Corte Suprema del cuerpo que selecciona y sanciona a los jueces.
El oficialismo en la Cámara baja se ampara en su condición de minoría para justificar que el debate del proyecto todavía no muestre avances. Es verdad que la mayoría de los bloques de la oposición anticipó su rechazo a la media sanción del Senado y que el oficialismo no tiene, por ahora, los votos para aprobarla. También es cierto que hasta ahora los jerarcas del bloque oficialista no hicieron hasta ahora ningún ademán para negociar eventuales modificaciones al texto que permitan destrabar el bloqueo opositor.
Mientras no se sancione una nueva ley, la Corte Suprema manejará las riendas del Consejo de la Magistratura y la vicepresidenta verá acotado su poder de fuego en la Justicia. Juntos por el Cambio, partidario de mantener este statu quo, no hará nada por impulsar el debate legislativo; dejará que el oficialismo mueva primero sus piezas. El Frente de Todos, sin embargo, no apurará el trámite por ahora.
“Queremos que primero baje la espuma, los ánimos en nuestro espacio están muy exaltados. Cristina rompió el bloque para ganarse otro lugar en el Consejo, Sergio no tuvo otro remedio que desmarcarse, nombró a la consejera de la oposición (la radical Roxana Reyes) y Germán lo impugna. Está todo demasiado revuelto. Nadie entiende nada y, peor aún, a la gente le importa menos”, se lamenta un importante referente de la bancada.
“Estamos sumergidos en un berenjenal que creamos nosotros mismos. Hay que salir, y la mejor forma de hacerlo es ir por el lado de la economía, la producción y el empleo. Una agenda más cerca de la gente”, insistía.
Curiosamente, se trata del mismo reclamo del presidente Fernández que, hasta ahora, no fue atendido siquiera por su propia tropa en el Congreso. En las gateras están demoradas iniciativas como la ley de inversiones automotrices; la de electromovilidad para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y las leyes agrobioindustrial; de Compre Argentino; la de inversiones hidrocarburíferas, y de cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial. Esta última es la única con media sanción del Senado.
La crisis interna en el oficialismo primero, y los cortocircuitos con la oposición después, explican la parálisis de la agenda presidencial. Massa y Martínez se proponen –ahora sí- darle impulso; sin embargo, nada garantiza que en el Senado, terruño de Cristina Kirchner, quede nuevamente empantanada. Tal vez sea una devolución de gentilezas por la falta de avances de su agenda judicial en la Cámara baja.
