La Auditoría General de la Nación advirtió que en algunos casos la subejecución de los créditos otorgados por organismos multilaterales supera el 90%
Pese a la crisis económica y la escasez de fondos frescos para financiar obras de infraestructura y paliar las urgencias sociales, nuestro país registra fuertes retrasos en la ejecución de los préstamos que le otorgaron distintos organismos de crédito internacionales durante la década pasada. De ello dan cuenta una decena de informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que advirtió, además, que en varios casos estas subejecuciones van de la mano de importantes gastos de consultoría.
Estas auditorías se conocen en momentos en que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, acuciado por la falta de divisas y la caída de reservas del Banco Central (BCRA), asume la coordinación de las relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y los demás organismos multilaterales con créditos otorgados a la Argentina, tarea que antes recaía en Gustavo Beliz, el exsecretario de Asuntos Estratégicos. Se trata de una millonaria cartera de préstamos con los que el Poder Ejecutivo financia proyectos de infraestructura, salud y apoyo a programas sociales en todo el país.
Por pedido de los organismos, la AGN es la encargada de controlar los estados financieros de buena parte de sus créditos. Los equipos técnicos producen por año medio centenar de informes, y si bien luego son aprobados por los auditores porque los balances contables no ofrecen reparos, lo cierto es que en la mayoría de ellos se advierten demoras significativas en la ejecución de los préstamos. Una irregularidad que, según comprobó la AGN, no es atribuible a una jurisdicción en particular, sino que es transversal a los distintos ministerios solicitantes.
Hay casos por demás llamativos. Uno de ellos es el programa de “Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos”, destinado al mejoramiento del hábitat en zonas fronterizas vulnerables del norte argentino. Para ello, en 2017 el entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda contrajo un crédito de 25 millones de dólares, de los cuales 20 millones provinieron del Fonplata y el monto restante del Estado argentino. La AGN detectó que, tras el segundo ejercicio, sólo se ejecutó el 1,3% del préstamo (US$325.658), del cual el 20% se destinó a pagar gastos de consultoría (US$59.954). Ni un centavo se destinó a la mejora integral del hábitat ni a la regularización dominial de la zona.
Hay más. En 2019 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca un préstamo por US$150 millones para el programa “Gestión Integral de los riesgos del sistema agroindustrial”, destinado a adoptar acciones de mitigación y transferencia de riesgos y de atención a situaciones de emergencias agropecuarias. Hasta ahora se ejecutó, según la AGN, el 1,16% del préstamo, siendo que la fecha límite para el último desembolso llegará en 2024. En gastos de consultoría se destinaron poco más de US$210 mil.
Los ejemplos se suceden. Un crédito de US$311 millones del BIRF del año 2018 a ser destinado al programa de corredores de desarrollo vial del Noroeste sólo se ejecutó en un 17,26%. Otro préstamo, en este caso de poco más de US$20 millones, otorgado por el FIDA en 2017 para desarrollar las cadenas caprinas, se ejecutó en un 11,4%. En tanto, el crédito del BIRF por US$240 millones para impulsar el suministro de energías renovables en zonas rurales sólo se ejecutó en un 29%. El crédito se había otorgado en 2015.
“En la AGN observamos que, en general, la ejecución de los préstamos otorgados por los organismos internacionales de crédito tiene mucha demora”, advirtió el radical Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría, para completar: “En el caso de los créditos destinados a obras públicas, estos retrasos obedecen, en parte, a las demoras propias que pueden tener estos proyectos. Sin embargo, también hay mala planificación: hay carteras que han contraído créditos, pero cuando deben efectuar su aporte como contraparte local, caen en la cuenta de que éste excede el techo del gasto que poseen. Entonces, se frena el desembolso.”
Consecuencias
Estos retrasos en la ejecución de los préstamos internacionales no son inocuos. No solo porque se demora la puesta en marcha de los distintos programas –que, por lo general, apuntan a la población más vulnerable–, sino también porque afecta la posibilidad de obtener nuevo financiamiento por parte de estas fuentes. De hecho, uno de los objetivos del viaje que realizará Massa a los Estados Unidos es el de destrabar el desembolso de créditos ya otorgados y conseguir más financiación en medio de la actual crisis de divisas.
No parece un asunto sencillo. Hace dos semanas, un grupo de senadores republicanos le envió una carta al presidente norteamericano Joe Biden en el que solicitaron que su administración ejerza el debido due diligence (una auditoría minuciosa) sobre cualquier préstamo que se dé al país dado “su largo historial de incumplimientos y políticas económicas contrarias al crecimiento” y su asociación con “regímenes parias en todo el mundo”, en alusión a Rusia e Irán.
“Es evidente que la extraña política exterior de nuestro país conspira contra la posibilidad de obtener más financiamiento de créditos internacionales”, ironizó Rodríguez.
Elevados gastos de consultoría
Más allá de la pertenencia política de los siete auditores que integran la AGN, lo cierto es que oficialistas y opositores coinciden en que la ejecución local de los créditos que provienen de organismos mundiales deja mucho que desear. El oficialista Javier Fernández, presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría, advierte en cada uno de sus informes sobre los elevados gastos de consultoría externa que demandan estos créditos.
En efecto, en un examen especial que presentó en marzo pasado alertó que, sobre 17 préstamos del BID y del BIRF contraídos entre 2016 y 2017, el nivel de gasto en administración y consultorías fue del 8% en promedio, cuando el criterio del organismo de control indica que debían ser de entre el 1% y el 2%.
Por su parte, Rodríguez advierte que muchos de los créditos destinados a financiar obras públicas presentan una planificación deficiente, pues las carteras responsables no se ajustan a la ley de inversión pública, que establece un procedimiento y un mecanismo para seleccionar los proyectos de inversión. “Muchas de las obras que son financiadas con créditos internacionales no cuentan con el análisis de rentabilidad que lo justifiquen, como ha sido el caso de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz”, asestó.
