Surge de un relevamiento elaborado por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo; hay 10 gremialistas presos, 50 imputados y ocho causas fueron elevadas a juicio; el gremio de los Moyano, entre los más violentos
Cada tanto, los sindicatos caen en un mundo subterráneo en el que los asuntos con los empresarios se dirimen por la fuerza. El conflicto salarial del neumático, que duró seis meses y paralizó a las tres fábricas que producen en el país, sirvió para escenificar la intransigencia y la presión para alcanzar un acuerdo. Pero hay actualmente casos peores, en los que la violencia se impone como metodología y desplaza al diálogo, como ocurrió por ejemplo hace diez días, con la irrupción de una patota de camioneros que se abrió paso a los golpes e hirió a seis personas en una planta de logística.
Verónica Lucía Razzini tiene 42 años y trabaja en un emprendimiento familiar en Rosario. Durante 90 días, su planta recicladora y una distribuidora de materiales para la construcción estuvieron paralizadas por activistas del Sindicato de los Camioneros en reclamo del encuadramiento de 18 empleados. Recibió intimidaciones y hasta el frente de uno de los comercios fue blanco de disparos. Hizo la denuncia y la Justicia actuó: hubo primero 13 presos por el bloqueo y hoy hay cuatro gremialistas que responden a Hugo y Pablo Moyano imputados a la espera del juicio oral. Su experiencia la empujó el año pasado a crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que nació con ocho pymes adheridas y hoy ya cuenta con 240.
Entre 2021 y 2022, se registraron al menos 42 episodios violentos contra empresas que fueron denunciados en la justicia penal, según surge de un relevamiento elaborado por el MEAB. La mayoría de los casos son por bloqueos, amenazas, extorsión o turbación de la posesión. Por las denuncias, hay 10 sindicalistas presos, 50 imputados y ocho expedientes fueron elevados a juicio oral. En uno de los casos que llegaría a juicio está involucrado Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y número tres de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Pérez forma parte del círculo de dirigentes de mayor confianza de los Moyano. Hasta es uno de los que se anotaría en caso de pensar una eventual sucesión.
De las 42 denuncias penales impulsadas por el MEAB, 16 son contra alguna seccional del Sindicato de Camioneros. La mayoría de ellas son en la provincia de Buenos Aires, donde mandan directamente Hugo y Pablo Moyano. Entre esos 16 conflictos que tiene al poderoso gremio moyanista como protagonista, no se contabiliza el de Logística Milo, una empresa de Avellaneda cuyo dueño y cinco empleados fueron agredidos el 21 de septiembre por activistas sindicales que actuaron a los golpes para defender a un delegado que se rehusaba a trabajar desde hace siete años, según la acusación de la empresa. En este caso sería inminente el pedido de detención de un dirigente camionero de la rama de logística que suele estar siempre cerca de los Moyano. Lo debe resolver la jueza de garantías Estela del Carmen Mollo.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), una de las tres cámaras que negocia salarios y condiciones con Camioneros, manifestó su repudio por la agresión con un mensaje para que el Gobierno tome nota. “En el Estado de Derecho en el que vivimos no pueden convalidarse hechos de esta gravedad, ni menos aún consentirse este tipo de prácticas, así como los bloqueos y la coacción como medios para lograr cualquier tipo de objetivo”, señaló.
La detención de los dos dirigentes camioneros de San Nicolás por bloquear una distribuidora de alimentos puso de relieve el silencioso trabajo del MEAB. Los Moyano intervinieron en persona para defender a Maximiliano Cabaleyro, uno de los detenidos y quien además es concejal del Frente de Todos. Es tal vez el caso que más preocupa a la cúpula de camioneros, junto con el de Omar Pérez, según reconocen dentro del mismo gremio.
En Rosario, además del caso de Razzini, avanza la investigación sobre los ataques a la planta de La Virginia, que fue bloqueada por el sindicato. Lo curioso de este caso es que la seccional de Santa Fe es una de las pocas que Moyano no controla. Allí manda Sergio Aladio, que es igual de duro que sus rivales y que tampoco se mide al aplicar la política del garrote. Escaló más la disputa entre Aladio y los Moyano cuando se digitó desde Buenos Aires, con la venia del Ministerio de Trabajo, la creación de un sindicato alternativo, que quedó para Juan Mateo Chulich. La sede de Aladio sufrió un atentado y el dirigente denunció amenazas. Hay como pista una escucha telefónica de un preso de la cárcel de Piñero que se adjudica el ataque con fuego a la sede gremial y que pide “bajar moneda” para otra avanzada.
“Se quiere disfrazar un delito detrás de la pelea por los derechos laborales. Una cosa es el derecho a la protesta, que es justo, pero la extorsión no va más”, dijo Razzini.
En Tucumán y Chaco
El 16 de junio pasado se vivieron momentos de tensión durante un bloqueo organizado por el Sindicato de Camioneros en Tucumán, que incluyó amenazas y agresiones contra el empresario Federico Lo Bruno y sus empleados por parte de dirigentes. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas identificadas con camperas del gremio frenaron un camión frente a un depósito de la firma “Expreso Lo Bruno”, en la capital provincial, y le desinflaron los neumáticos para impedirle que descargara mercadería, en reclamo del pago de una supuesta deuda por el adicional de kilometraje.
El violento episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales, donde se puede ver a Diego Casella, vocal del gremio, amenazando al conductor del camión, Patricio Gómez, y al empresario Lo Bruno. El empresario, que integra el MEAB, realizó la denuncia ante la Justicia por amenazas y coacción. Tras casi 24 horas de bloqueo, la Fiscalía ordenó el desalojo de la protesta con la intervención de Infantería de la Policía, pero los manifestantes se retiraron antes de que se cumpla la orden.
En Chaco, la última causa registrada contra Camioneros la inició el empresario Matías Morante, dueño de un par de negocios de materiales de construcción que sufrió bloqueos por parte del sindicato en la casa matriz, ubicada en la localidad de San Martín, y en la sucursal de Resistencia. No solo presentó una denuncia judicial sino que además recurrió al gobernador, Jorge Capitanich, que le prometió interceder, aunque después no lo hizo. Agustín Bordón, secretario adjunto de la seccional chaqueña de Camioneros, dijo que las denuncias por amenazas “son falsas” y argumentó que los reclamos eran por “explotación laboral”.
De los nuevos casos relevados por el MEAB, no en todos está involucrado el gremio de los camioneros. Figuran también la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), Químicos, Panaderos, Estaciones de Servicio, Aguas y Gaseosas, Carga y Descarga, Portuarios, Atilra y los sindicatos de la carne y del telgopor. El bloqueo y las amenazas no son exclusividad de los Moyano.
