El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas fue elevado a juicio oral y público en septiembre de 2019, pero muy difícilmente pueda comenzar el próximo año, coincidieron fuentes que intervienen en el proceso. El caso, que tiene a Cristina Kirchner acusada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado, lleva tres años sin una definición del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que tiene a su cargo el desarrollo del juicio oral y acumula más de un centenar de planteos y objeciones de las partes involucradas.
La Cámara Federal de Casación Penal intimó al TOF 7 a fijar una fecha de inicio para el expediente por el cual Jaime está detenido cuando resolvió, hace dos semanas, en un expediente del caso cuadernos, sobre la prisión preventiva del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime (acusado de recibir coimas de empresarios del transporte). Al pronunciarse sobre la detención de Jaime, el único exfuncionario del kirchnerismo que sigue preso, la Casación dijo que advierte una demora “que puede tornarse inexcusable”.
“Si bien los argumentos brindados por el tribunal [para prorrogar la detención de Jaime] se encuentran fundados de conformidad con las previsiones de la norma citada y a la complejidad, naturaleza y gravedad de los hechos imputados, la prórroga dispuesta, se habrá de avalar nuevamente, pero se le vuelve a indicar y reiterar al tribunal, lo expuesto (…) que deberá fijar prontamente audiencia de debate oral y público, y dar comienzo lo antes posible, todo ello luego de advertir en autos una demora que puede tornarse inexcusable”, dijeron los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky.
En junio pasado el TOF 7 dio un primer movimiento concreto después de que la Corte Suprema le concedió los recursos que le reclamó durante casi dos años, y convocó a las partes implicadas en la megacausa de corrupción para que hicieran sus planteos y ofrecieran prueba. A partir de entonces decenas de abogados se acercaron al tribunal e hicieron planteos y ofrecimientos de prueba testimonial, pericial y documental. Esa etapa llevó tres meses, a lo largo de los cuales el TOF concedió cinco prórrogas, hasta que la semana pasada sus jueces rechazaron conceder otra extensión del plazo, y ahora deberán dar a conocer la admisión y el rechazo de la prueba.
Los abogados penalistas tienen intenciones de objetar el trabajo que hicieron el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio durante la instrucción del caso. “La causa entera es una vergüenza jurídica”, opinó el defensor de un importante empresario de la construcción que está involucrado en más de un expediente del universo cuadernos por haber pagado sobornos a los exfuncionarios kirchneristas.
Los funcionarios judiciales dieron por probada la existencia del sistema de recaudación que describía el chofer Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, en sus cuadernos. Concluyeron que los bolsos de dinero recaudado por vías ilegales fueron entregados en decenas de oportunidades a Daniel Muñoz en el edificio donde reside Cristina Kirchner en las calles Juncal y Uruguay. Las instancias judiciales superiores convalidaron la investigación que recibió duras críticas por parte de los abogados que intervienen en la causa. Hay decenas de empresarios involucrados en la trama de corrupción. Algunos confesaron haber hecho entregas de dinero en bolsos en concepto de “aportes de campaña”, como declaró el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y otros, como Carlos Wagner y Juan Chediack, dieron detalles acerca de cómo se repartía la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo un sistema de cartelización que organizaba el Ministerio de Planificación. El exministro Julio De Vido es acusado como organizador del armado delictivo.
Algunos abogados reiteraron viejos planteos de nulidad que ya habían hecho durante la instrucción y que fueron rechazados, como planteos por “forum shopping”, o por afectaciones a del derecho a la defensa, como por ejemplo la realización de escuchas telefónicas a imputados mientras estaban presos. También se sugirieron pedidos de informes e incorporar información de otros expedientes, además de centenares de declaraciones testimoniales y la realización de un peritaje sobre los cuadernos y sus copias. Los letrados de algunos empresarios pidieron la realización de un juicio abreviado para no afrontar el juicio oral.
Otros letrados pidieron en los últimos meses examinar documentación original a la que, según plantearon, “no se tuvo acceso durante toda la etapa de instrucción”. Se refieren a los cuadernos originales con las anotaciones de Oscar Centeno que están en poder del tribunal. En ese caso, por ejemplo, el TOF respondió que en el expediente digital del sistema Lex100 se encuentran disponibles las copias escaneadas y fotografiadas digitales de alta definición de la documentación y que “no se advierte la necesidad de compulsar la original”.
Otros defensores se acercaron al tribunal y pidieron descargar el contenido en pendrives propios. Otros reclamaron al tribunal no poder acceder a la totalidad de la prueba. Estos son algunos de los cientos de planteos formulados en los últimos meses y sobre los cuales el TOF deberá responder. “Tenemos que analizar toda la prueba y ver y calcular demora que lleva en casos como este la prueba suplementaria”.
Fuentes que intervienen en el proceso e incluso un gran número de abogados defensores dan por descontado que el juicio contará con una etapa de instrucción suplementaria con el fin de “ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieren omitido”, según establece el Código Procesal Penal en el artículo 357.
El tribunal del juicio oral está integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Castelli es uno de los jueces que litiga ante la Corte Suprema para seguir en ese cargo, dado que llegó a ese cargo trasladado desde otro tribunal y fue objetado por el kirchnerismo.
La fiscal del caso es Fabiana León. “Su intención es que el juicio se haga y que se haga lo antes posible”, dijo una fuente con acceso a la causa, que considera que León no insistió con producir prueba que pueda dilatar los tiempos del proceso.
El caso de los cuadernos derivó en un conjunto de expedientes y tiene enormes dimensiones: cuenta con casi un centenar de imputados entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios y abarca varias causas judiciales que tramitan juntas, la mayoría ya elevadas a juicio oral.
Por la cantidad de imputados que hay en la causa, unos 100, podría tratarse de uno de los juicios más gigantescos de la historia argentina, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Y eso, explicaron, también impone limitaciones. El espacio es una de ellas. No hay por ejemplo sala de audiencias disponible para sentar a 100 acusados junto con sus abogados, a la fiscalía y a las querellas. La Unidad de Información Financiera (UIF) es la única parte querellante en esta causa, dado que la Oficina Anticorrupción (OA) desistió de ese rol.
El estado de las causas indica que Cristina Kirchner podría atravesar el año electoral sin ningún juicio oral en curso. El caso Vialidad, por el que es juzgada actualmente, arrojará un veredicto antes de fin de año. El juicio cuadernos no parece estar en la agenda judicial de 2023. Y si el próximo año la Cámara Federal de Casación Penal decidiera la reapertura del caso Hotesur Los Sauces, una decisión que tiene bajo estudio, ese expediente sería enviado a otro tribunal oral. En caso de ser reabierto, quienes conocen los tiempos de los tribunales de Comodoro Py consideran muy improbable que ese juicio por lavado de dinero llegue a desarrollarse durante 2023.
La causa cuadernos tiene su origen en los datos revelados por las anotaciones de Centeno que registró durante casi una década movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación. El caso tuvo su punto más álgido en agosto de 2018, con un operativo de detenciones que incluyó no solo a Baratta y a sus colaboradores, sino también a empresarios del mundo de la energía y de la obra pública. En los meses posteriores, decenas de imputados declararon como “arrepentidos” y admitieron haber hecho pagos ilegales a los exfuncionarios de Planificación, algunos a modo de “aportes a la política” y otros para recibir certificados de obras públicas que ya les habían sido adjudicadas.
