El protocolo antipiquetes que puso en práctica la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, establece que las fuerzas federales puedan actuar cuando la circulación vehicular y de transporte esté interrumpida, sin necesidad de tener una orden judicial. Esto es así por considerarse que el delito (corte de calle) sucede en flagrancia, es decir que se advierte cuando se está cometiendo. Mientras para algunos el protocolo tiende a un ordenamiento del espacio público, para otros es una limitación del derecho a la protesta. De hecho, la funcionaria asistió hoy a los tribunales de Comodoro Py para defender su medida ante un planteo judicial presentado por una dirigente de izquierda que lo considera inconstitucional.
Sobre el protocolo que desplegó la ministra de Javier Milei y actual titular de Pro. Uno de ellos aseguró que en la actualidad hay una fragmentación del actor que protesta. “Hasta los años ´90 los actores sociales estaban identificados, en cambio hoy son tantos y tan diversos que las autoridades no saben con quien tratar”, dijo uno de los especialistas, que pidió mantener su nombre en reserva. La misma fuente dijo que se debe acordar un nuevo consenso legal que le dé legitimidad al accionar del Estado y advirtió que la respuesta penal ante el delito debe ser utilizada en los márgenes del sistema, como último recurso y que antes de eso hay medidas previas, como establecer multas o quitar la personería jurídica a las organizaciones.
En relación a los disturbios ocurridos afuera del Congreso durante el debate de la ley ómnibus el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro: “La plaza en la parte de atrás estaba vacía, es decir que había espacio para que se concentraran más manifestantes, pero había una intención de ocupar la calle. Si la cantidad de gente lo amerita, se puede considerar permitir el corte, además estas decisiones se consultan en todo momento a los magistrados, no es algo caprichoso”. Justificó así el accionar y el despliegue de las fuerzas federales.
“La prohibición de cortar la calle es previa al protocolo, está en el artículo 194 del código penal. El protocolo antipiquete, está vigente en todo momento y lo que les indica a las fuerzas de seguridad es de qué manera deben proceder. Los oficiales solo pueden obrar bajo ese procedimiento, ningún oficial puede utilizar una técnica propia o diferente. Las postas de goma se utilizan para la dispersión en momentos críticos y desde ya que no pueden utilizar armas letales”, agregó el funcionario, que trabaja con Bullrich.
La provincia de Mendoza muestra un caso en el que se logró cambiar el paradigma que regía la protesta social y encauzar las manifestaciones de forma pacífica. “En 2015 la situación era caótica, pero se empezó a trabajar en conjunto entre distintas áreas del gobierno de la provincia, el comité de crisis, seguridad pública fiscal y el área de desarrollo social. De esta manera logramos evitar que se corten las calles”, dijo Mercedes Rus, Ministra de Seguridad y Justicia de esa provincia.
Cómo funciona en otros países
Francia está acostumbrado a las manifestaciones, donde la Prefectura debe autorizar todas las protestas callejeras y donde es la autoridad misma la que corta la calle (lo mismo ocurre en otros países de Europa). Rara vez hay protestas sin previo aviso o sin acuerdo con la policía. Cuando suceden, se dan en las rutas o al menos fuera de la capital y en ese caso las autoridades deciden si se las tolera o si se las disuelve, pero incluso así hay con un contacto entre sindicatos y autoridades.
Reino Unido
El jueves pasado se conoció que los manifestantes ya no podrán estar con la cara tapada, luego de que añadieran enmiendas a un proyecto de ley de justicia penal que se espera sea aprobado para Semana Santa. La medida regirá para Inglaterra y Gales, y aquellos que no la cumplan podrían ser arrestados por un mes y pagar una multa de 1000 libras. Por otro lado, treparse a monumentos en recuerdo de guerras tendrá tres meses de arresto y una multa de 1000 libras. También se incluirá la prohibición de bengalas y cualquier elemento pirotécnico.
España
Estos días la situación fue más caótica que en otros países de Europa, dado que los trabajadores agropecuarios protestaron (al igual que hace pocos días en Francia) por “no poder competir de igual a igual con productos importados, a los cuales se les exige menos estándares de calidad”. Durante cuatro días, las vías que unen varias de las principales ciudades del país fueron cortadas por tractores, también hubo manifestaciones en áreas urbanas, como la del miércoles en Barcelona. Según medios españoles hubo en total 585 cortes de rutas. En algunas regiones hubo enfrentamientos entre agricultores y la policía, debido a que se intentó bloquear centros de distribución y se desechó mercadería importada como vino o tomate. A pesar de ello, el ministerio del Interior de España dio instrucciones a la policía de impedir aquellas manifestaciones que no hayan sido comunicadas. Además, hubo 20 detenciones y se aplicaron unas 4262 multas. El ministro de Transporte, Oscar Puente, declaró ante el medio Antena 3: “Si se bloquea el país, las fuerzas del orden tienen que actuar”.
Estados Unidos
Si bien las formas de proceder ante una protesta varían de acuerdo a cada Estado, existe una organización sin fines de lucro, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), que se encarga de defender los derechos individuales establecidos en la Constitución.
Una de las premisas que establece la ACLU es: “No se necesita un permiso para marchar en las calles o aceras, siempre y cuando los manifestantes no obstruyan el tráfico de automóviles o peatones.” En otro apartado, la organización menciona: “Ciertos tipos de eventos pueden requerir permisos. Estos incluyen una marcha o desfile que requiera bloquear el tráfico o cerrar la calle; una gran manifestación que requiera el uso de dispositivos amplificadores de sonido; o una manifestación de cierto tamaño en la mayoría de los parques o plazas”.
En cuanto a la dispersión de una protesta por el uso de la fuerza, se establece que debe ser un recurso último, sin embargo la interrupción del tránsito vehicular está considerado un justificativo para tomar esta acción. “Las personas deben recibir un aviso claro y detallado de una orden de dispersión, incluido cuánto tiempo tienen para dispersarse, las consecuencias de no dispersarse y qué ruta de salida clara pueden seguir, antes de que puedan ser arrestadas o acusadas de delito”, agrega.
