El máximo tribunal de China ha emitido un conjunto de directrices destinadas a regular los deepfakes generados por IA y otras disputas relacionadas con esta tecnología. Las normativas, publicadas esta semana, buscan abordar los nuevos desafíos legales que surgen del uso de la IA para replicar rostros y voces con un realismo creciente.
Entre los puntos clave de las directrices se encuentra la prohibición de utilizar la IA para crear o difundir réplicas digitales reconocibles de personas sin su consentimiento, incluyendo la clonación de rostros y voces. Se establece que el uso de estas creaciones para propagar afirmaciones falsas o dañar la reputación ajena puede acarrear responsabilidad legal. Asimismo, la regulación aborda la discriminación algorítmica de precios, indicando que las empresas que utilicen algoritmos para ofrecer condiciones de transacción diferenciadas sin justificación razonable podrán ser consideradas responsables si causan perjuicio a los consumidores. Al respecto, un director de la oficina de investigación del Tribunal Popular Supremo señaló la necesidad de que la ley proteja los derechos e intereses de los consumidores ante el engaño.
Las normativas también contemplan la responsabilidad de los proveedores de sistemas de IA generativa si sus plataformas producen información falsa o inexacta, conocida como «alucinaciones de la IA», y no adoptan medidas correctivas oportunas tras ser notificados. De igual modo, los usuarios que deliberadamente induzcan a un sistema de IA a crear contenidos que vulneren derechos o causen daño a terceros pueden ser objeto de responsabilidad legal. Estas medidas llegan en un momento en que la suplantación digital se vuelve cada vez más sencilla y difícil de distinguir del contenido auténtico.
Finalmente, las directrices brindan la posibilidad de buscar protección inmediata a través de una orden judicial cuando el contenido generado por IA amenace con causar un daño grave e irreversible. Un ejemplo citado es el de una persona cuyo rostro fue alterado digitalmente para difundir afirmaciones difamatorias, pudiendo solicitar intervención judicial para evitar un daño difícil de reparar.
