Mas 170 jueces y fiscales se reunieron este jueves en la Asociación de Magistrados, preocupados por las supuestas intimaciones que envió el Anses para que aquellos que tuvieran la jubilación concedida la efectivizaran, a riesgo de perder los beneficios alcanzados y que el trámite sea archivado.
La conclusión: hay dudas sobre si esas intimaciones efectivamente fueron enviadas, porque ninguno de los presentes dijo haberlas recibido. Tampoco tienen certezas de que fuera un documento oficial el instructivo que circuló entre los jueces describiendo los pasos a seguir.
Por eso es que los magistrados resolvieron pedir informes al Anses para certificar que la nota que llegó a algunos correos electrónicos de jueces y fiscales sea un documento oficial del organismo previsional.
Detrás del pedido subyace la idea de que no se puede iniciar un acción de amparo o pedir una declaración de certeza judicial, sobre la base de un documento que no existe en la administración, oficialmente.
En este sentido, algunos de los jueces y fiscales que estuvieron en la larga reunión de esta tarde presumen que todo se trató de una operación política de intimidación, un «apriete», pero lanzado a través de los medios kirchneristas para sembrar el pánico. Un globo de ensayo del que se hicieron eco todos los medios.
De hecho, en la reunión de magistrados claramente se dijo que nadie conocía a alguien que hubiera sido intimado oficialmente por la Anses.
Estuvieron reunidos por Zoom unos 170 jueces y fiscales de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), presidida por el fiscal Carlos Rívolo.
La decisión final sobre qué van a hacer se tomara el próximo lunes, aunque el ánimo era de incertidumbre sobre lo que implica la decisión de la Anses.
Todos los presentes estuvieron de acuerdo en que los derechos de aquellos cuya jubilación fue otorgada ya son derechos adquiridos y no pueden ser afectados por una resolución de un funcionario del Ejecutivo, pero de todos modos hay temor e incertidumbre, por lo que se pidieron explicaciones oficialmente. Lo mismo hizo en el Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli, representante de Pro, para que la Anses aclare los alcances de su instructivo.
Todo el mundo espera saber qué pasa para tomar una decisión, resumió un alto funcionario judicial que estaba presente en el Zoom. Al parecer, ahora la Anses no estaría reconociendo el instructivo como oficial, sino como un documento interno que fue filtrado. «Esto puede ser una filtración de mala fe o un apriete psicológico», dijo otro funcionario.
Concluyeron que verdadera o no, la estrategia dio resultado, porque minó el ánimo de los jueces con la jubilación otorgada que siguen en funciones, tengan o no causas que preocupen al Gobierno.
