El Gobierno publicará su ley de leyes antes del 30 de junio y mostrará su nueva estimación de suba de precios para este año; luego, el Ministerio de Economía espera modificar el mínimo desde el que se paga el impuesto
A través de un decreto, el Gobierno prevé dar luz verde en las próximas semanas a un nuevo presupuesto para este año, que incorporará, entre otras novedades y detalles sobre la planificación oficial, una nueva pauta de inflación, de ingresos por recaudación de impuestos y de gastos, entre ellos, el monto de subsidios energéticos.
Además, fuentes oficiales confirmaron que, con un importante avance en el cierre de las paritarias salariales y luego de la presentación de la nueva “ley de leyes” (dará un indicio de la pauta de suba de precios reestimada para 2022), publicará un decreto para actualizar el tope mínimo desde el que se pagará el impuesto a las ganancias (hoy es desde un salario bruto superior a $225.937). Se oficializaría, en julio o agosto. Es una decisión prevista por Economía, más allá de la presión desde el propio Frente de Todos canalizada días atrás a través de Sergio Massa.
El nuevo presupuesto se aprobará antes del 30 de junio, una demora importante teniendo en cuenta que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba prevista una modificación de la norma vigente para ponerla en línea con la meta de déficit primario para 2022 acordada en el programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) a más tardar el 15 de abril pasado.
En el Gobierno aseguran que fue el organismo conducido por Kristalina Georgieva el que ofreció más tiempo para “tabular con más precisión” los impactos en el mundo de la guerra en Europa del Este. El viernes, por caso, era furor entre funcionarios la última tapa de The Economist sobre este es tema.
Fuentes oficiales reconocieron además que, tras el rechazo en el Congreso del proyecto de presupuesto 2022 y la prórroga del anterior, la fecha límite de mitad de año responde a la restricción que implican los cupos presupuestarios. “Es difícil operativamente trabajar sin eso”, dijeron. “El decreto también debe reflejar las condiciones actuales en cuanto a las readecuaciones que haremos para cumplir la meta [con el Fondo], dado el shock de la guerra”, aclararon a este medio. En ese sentido, con el cambio del marco macroeconómico a implementar, se prevén modificaciones en ingresos y en gastos.
El presupuesto presentado en septiembre pasado -que fue rechazado- estimaba una suba de precios para este año de 33%. En esa iniciativa ya se había modificado la pauta 2021 (originalmente de 29%) y se subió en 16 puntos (45,1%), pese a que la inflación terminó siendo 50,9%. El acuerdo con el Fondo previó para 2022 una suba de precios de entre 38% y 48%. El último panorama del FMI sólo tomó el techo de esa banda. Sin embargo, las paritarias están cerrando actualmente en un 60%; el equipo económico trabaja con un “escenario optimista” del 65% y los privados creen que rondará 70%.
Tal nominalidad de la economía sumará ingresos extras al Tesoro. Parte de los mismos fueron utilizados para dar bonos a trabajadores informales, jubilados y monotributistas. Con las mejoras en la Tarjeta Alimentar y otros programas, el costo llegó a 0,44% del PBI. La factura la pagó la inflación, dicen en Economía. Por las dudas, allí siguen diseñando nuevos impuestos: Guzmán insistirá en su tributo a la “renta inesperada”, según fuentes oficiales, que impactará en 2023 en algunas empresas.
Con relación al gasto, es probable que, dado el impacto que tuvo la invasión rusa a Ucrania en los precios de la energía, éste se incremente. El viernes, el resultado primario de abril mostró que los subsidios a la energía crecieron ese mes 132,8% interanual y llegaron a $116,673 millones. Son $66.559 millones más que lo que se pagó en abril de 2021.
En ese marco, en el Ministerio de Economía esperan que -tras pasar las audiencias públicas de la luz y el gas-, el 1° de junio, el secretario de Energía, Darío Martínez, publique la resolución instruyendo a los entes reguladores -manejados por La Cámpora- para actualizar los nuevos cuadros tarifarios. Allí también estará la segmentación de tarifas. En el Gobierno creen que la implementación de la misma se extenderá en el tiempo. Quizás llegue cuando el frío haga que el peso del aumento sea menor. Para mejorar la oferta es probable que Guzmán presente esta semana el decreto para flexibilizar el cepo en el sector energético. El ministro lo viene prometiendo desde marzo pasado.
La inflación y los cambios en el Gobierno
El nuevo presupuesto tendrá dos nortes fundamentales: la adaptación al contexto mundial y al acuerdo con el Fondo Monetario, y la intención de Guzmán de anclar las expectativas del sector privado para frenar la inercia inflacionaria. El programa con el FMI prevé un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI, reducción de la emisión (1% del PBI) y acumulación de reservas. Para Guzmán, la credibilidad -de su plan- y los dólares en el Banco Central (BCRA) son las anclas.
Pero la reducción de la inflación conlleva un enorme desafío político, ya que el propio ordenamiento macroeconómico es a través de un plan inflacionario per se. El acuerdo con el FMI prevé subas de tarifas y un dólar que siga más de cerca los precios. La inflación lima las posibilidades políticas del Frente de Todos para 2023 -lo sabe Cristina Kirchner-, pero al mismo tiempo es la principal socia del Gobierno a la hora de achicar el déficit a través del “impuesto inflacionario”.
El ministro mantiene el discurso de que que la inercia inflacionaria responde actualmente a los precios internacionales desorbitados por la guerra y a las expectativas desancladas que genera la durísima interna en la cúpula del poder.
Respaldado por el Presidente, esta última línea discursiva lo llevó a anunciar la absorción de Comercio Interior, cartera conducida por Roberto Feletti, alfil de Cristina Kirchner. Después de que Feletti pidiera retenciones públicamente y criticara el plan de Guzmán con el FMI, el ministro pidió que se alineara con el Gobierno. El viernes se dio la respuesta institucional.
Fue una decisión que comenzaron a pelotear Guzmán y Matías Kulfas en marzo. “No fue una respuesta al discurso de Cristina en Chaco”, descartaron en el Gobierno. Se consensuó semanas atrás con Alberto Fernández. Lo insólito es que Feletti se enteró recién el martes, cuando Guzmán lo convocó y se lo dijo cara a cara luego de haber cortado relaciones desde comienzos de abril cuando el secretario de Comercio advirtió: “Esto se va a poner feo”.
La formalización de esa señal política desde un área clave para Cristina Kirchner se dio con una foto enviada el viernes por la tarde por los equipos de ambos. Allí aparecían el ministro de Economía y el de Desarrollo Productivo. Curiosamente, pese a que el anuncio era todo sobre el cambio de jefatura, Feletti no estaba. Los “albertistas” lo dejaron afuera.
