En la misma decisión administrativa en la que el Gobierno dispuso podas en Educación, Salud y Obras Públicas, aumentó la partida de las empresas del Estado, pese a que algunas presentan subejecuciones; el Tesoro les aumentó $37.000 millones hasta fin de año
El recorte de partidas que aplicó el ministro de Economía Sergio Massa en distintas jurisdicciones de la administración –como educación, salud y obras públicas, entre otras- dejó a salvo a uno de los sectores que, paradójicamente, mayor gasto público insume: las empresas del Estado. Por el contrario, éstas fueron recompensadas con un aumento de $37.000 millones hasta fin de año pese a que algunas empresas –como AySA– tienen sus partidas subejecutadas.
Las 34 empresas que se hallan bajo la órbita del Estado constituyen un verdadero agujero negro que succiona miles de millones de pesos que les gira el Tesoro para mantenerlas operativas aunque la mayoría de ellas no sea rentable. Solo en estos ocho meses del año las diez principales empresas públicas recibieron transferencias por $583.075 millones (poco más US$4000 millones). Son $2400 millones por día, unos US$17 millones diarios. Un drenaje de recursos que, en buena medida, sirve para solventar un plantel que supera los 74.000 empleados en estas diez empresas.
Para dimensionar lo que implica semejante esfuerzo fiscal bastan algunas comparaciones. Por ejemplo, las transferencias de gastos corrientes y de capital que recibieron en lo que va del año las empresas públicas –$583.075 millones–, supera largamente lo que el Gobierno pretende ahorrar en materia de subsidios energéticos en todo 2023 por el esquema de segmentación tarifaria que comenzó a aplicar el Gobierno, monto que oscila entre $455.000 y $500.000 millones (0,5 punto del PBI) según precisó el Ministerio de Economía.
Dicho de otro modo, si las 34 empresas que orbitan alrededor del Estado también colaboraran con el ahorro fiscal, menor sería el esfuerzo que hoy debe realizar el sector privado para reducir el déficit, una de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, lejos de ajustarles las clavijas del gasto, el Gobierno decidió beneficiar a las empresas públicas con un aumento de $37.000 millones en su presupuesto. Así figura en la decisión administrativa 826/22 que dictó el Ministerio de Economía el martes pasado, en el rubro “Obligaciones a Cargo del Tesoro-Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos”, aunque en las planillas no aparecen discriminadas las empresas alcanzadas.
La contradicción está a la vista. Mientras el Gobierno justifica el recorte del gasto en aquellas partidas que aparecen subejecutadas –por ejemplo, el plan Conectar Igualdad, el programa de viviendas Procrear o el fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes–, no aplica la tijera en las empresas públicas que también presentan partidas subejecutadas.
Uno de los casos emblemáticos es el de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), conducida por Malena Galmarini, esposa de Massa. Según figura en la página oficial del Ministerio de Economía, de los $47.817 millones del crédito que tiene vigente para gastos corrientes, sólo se ejecutaron casi $20.000 millones, es decir, apenas el 41% en ocho meses (el promedio de ejecución a esta altura del año es del 55%).
La subejecución es mayor en el crédito para los gastos de capital de la compañía: con una partida vigente de $137.180 millones, gastó en ocho meses el 36,2% ($50.652 millones).
Hay otras empresas públicas que también presentan demoras en la ejecución de sus partidas y que llamativamente tampoco sufrieron podas. Es el caso de Integración Energética Argentina (IEASA): con poco más de $87.000 millones para gastos de capital, solo ejecutó el 12%. El Correo es otro ejemplo: apenas erogó el 32% de sus transferencias de capital, mientras que la empresa Corredores Viales ejecutó el 42% de sus $5549 millones para gastos corrientes.
Las preguntas intrigan incluso a los expertos en materia presupuestaria: el Tesoro gira miles de millones de pesos a empresas públicas que subejecutan gastos y, a la postre, presentan sus balances con déficit. ¿Es solo mala gestión? La cuestión despierta suspicacias: es sabido que no todas entregan en tiempo y forma sus balances. Un informe reciente de CIPPEC sobre transparencia en las empresas de propiedad estatal advierte que es muy bajo el nivel de transparencia en la gestión económica y financiera de estas compañías.
El ranking de las empresas deficitarias
Lo cierto es que la mayoría de las diez principales empresas públicas están en rojo. Al finalizar el primer trimestre de 2022 –último dato oficial disponible-, el balance global es negativo básicamente por la mala performance de tres empresas: Aerolíneas Argentinas, AySA y los ferrocarriles.
En efecto, la aerolínea de bandera de nuestro país cerró el primer trimestre de este año con un déficit de $10.514 millones. En lo que va del año, insumió casi $40.000 millones, lo que significa $166 millones por día. Pese a ello, los gremios aeronáuticos y la propia empresa se muestran renuentes a acatar los pedidos de ahorro fiscal que pregona Massa: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce el kirchnerista Pablo Biró, paralizó 60 vuelos de Aerolíneas en el Aeroparque metropolitano en demanda de aumentos salariales –que les fue concedido-, al tiempo que la empresa lanzó una convocatoria para incorporar 110 nuevos “pilotos/pilotas”. Esto, pese al decreto 246/22 que restringe el ingreso de personal al sector público.
Segunda en el podio se ubica AySA: la compañía cerró el primer trimestre de este año con un rojo fiscal de $5859 millones. El año pasado, según la cuenta de inversión 2021, el déficit financiero trepó a casi $41.000 millones.
Tercera en el ranking de empresas deficitarias del Estado figura la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), que depende del Ministerio de Transporte. Esta compañía, que opera seis líneas metropolitanas, cinco líneas regionales y ocho servicios de larga distancia, cerró con un déficit al primer trimestre de $4012 millones y lleva gastados poco más de $96.402 millones que le transfirió el Tesoro en estos ocho meses del año.
Esta empresa no solo se destaca por su rojo fiscal; también por su plantel de empleados públicos. De hecho, se ubica primera en el podio con 24.182 trabajadores según informó en junio pasado la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal del Ministerio de Economía.
Segunda en el podio figura el Correo Argentino, según este informe, con 18.049 empleados; le sigue Aerolíneas Argentinas, con 11.476 y AySA, con 7962 trabajadores. En total, las diez principales empresas públicas cuentan con una dotación de poco más de 74.000 empleados públicos: casi el 25% del total de trabajadores que revisten en las distintas jurisdicciones de la administración central.
Se estima que las 34 empresas del Estado concentran unos 90.000 empleados, cifra que duplica el plantel de los poderes Judicial y Legislativo en conjunto. La mayor parte de las transferencias corrientes que les gira el Tesoro está destinado a sueldos, según se desprenden de sus balances al cierre del primer trimestre.
A continuación, una radiografía de las 10 principales empresas públicas:
- Integración Energética Argentina S.A. (IEASA)
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $317.149 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: $9120 millones
-Plantel de empleados: 366
- Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE)
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $96.402 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -$4012 millones
-Plantel de empleados: 24.182
- Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA)
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $70.297 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -$5859 millones
-Plantel de empleados: 7962
- Correo Argentino
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $14.198 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -1561 millones
-Plantel de empleados: 18.049
- Aerolíneas Argentinas
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $39.924 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -10.513 millones
-Plantel de empleados: 11.476
- Belgrano Cargas
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $8618 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -1174 millones
-Plantel de empleados: 5145
- Corredores viales
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $6457 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -$508,5 millones
-Plantel de empleados: 1272
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $8958 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -$1947 millones
-Plantel de empleados: 2262
- Radio y Televisión Argentina (RTA)
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $6062 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -$1294 millones
-Plantel de empleados: 2234
- Administración de Infraestructura Ferroviaria
-Total transferencias corrientes y de capital a agosto de 2022: $15.010 millones.
-Resultado financiero al 31/03/2022: -$3726 millones
-Plantel de empleados: 700
Hoy las empresas públicas están en el ojo de la tormenta porque, cifras a la vista, las pérdidas que generan contribuyen a profundizar el déficit fiscal, un problema estructural y crónico de nuestra economía. El Gobierno, con la decisión administrativa 826/22 de la semana pasada, dio una señal de ahorro fiscal al aplicar un ajuste en los créditos vigentes (el dinero que pueden gastar) por $128.000 millones de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat. Sin embargo, las empresas del Estado resisten y esquivan los recortes y el Gobierno, llamativamente, aún no dio señales –más allá de congelar el ingreso de nuevo personal– de incorporarlas al esfuerzo de reducir el déficit.
“Recientemente, el Poder Ejecutivo anunció un congelamiento de ingresos al sector público nacional. Pero desde fines de 2020 ingresaron 135.000 personas al Estado. Tenemos cada vez más Estado pero cada vez más pobreza. Queda claro que tan sólo gastando más no vamos a resolver la situación de esos compatriotas”, sintetiza el senador Martín Lousteau (Evolución Radical).
