El Gobierno acumuló más de 1000 denuncias por el manejo de planes sociales y acusará a los intermediarios por extorsión

En base al material denunciado por quienes se comunicaban con el 134, Seguridad georreferenció las denuncias, por las zonas a las que aludían los denunciantes, también agruparon de manera general el material recibido, y complementaron con “informaciones de fuentes abiertas”. La mayoría de los denunciados pertenecen a distintas agrupaciones y tienen actividades de tipo social o políticas. Todo eso a nivel general, para luego separar de una manera más pormenorizada la información recibida sobre quienes realizan las extorsiones que reciben las personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica. Ese material es el que se aportará a la justicia, junto con lo que se siga recibiendo.

En el Gobierno creen que lo que se empezó es a dar una lógica distinta a la que venía sucediendo. “Donde el control lo lleva el Estado y no los intermediarios, y que esas personas carecerán de autoridad para decidir sobre las personas que reciben los planes”, sostienen. Parte de eso también afirman es lo que se vio en la marcha del 20, cuando bajó drásticamente el número de asistentes luego de los mensajes bajados por el Gobierno.

Un anuncio que movió los cimientos del universo de las organizaciones sociales

El lunes 18, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio su primer mensaje público. En poco más de dos minutos dejó varias definiciones. La primera, en línea con lo dicho por el presidente Javier Milei, “el que corta, no cobra”, en referencia a las futuras marchas. Luego, anunció el fin de los intermediarios y se refirió a la auditoría que se haría sobre los planes sociales.

Sobre ese punto este fin de semana, comenzará a darse a partir del próximo 1° de enero y se espera que dure tres meses. En principio, el universo de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo asciende a 1.200.00 personas y no está en carpeta agrandarlo.

El primero demandaría que cada persona complete o actualice su información y los de su núcleo familiar, y luego se pasaría a la etapa de análisis y entrecruzamiento de bases de datos. Para eso prevén usar como eje central la información de Anses y cruzarla con la de otros organismos. Por ese motivo está prevista una reunión operativa entre Pablo de la Torre, Secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de Anses, Osvaldo Giordano.

En lo inmediato, y en vistas a esperar los resultados que arroje la auditoría, se espera que el Gobierno prorrogue la decisión de Sergio Massa, cuando aún estaba al frente del Palacio de Hacienda, de pasar los planes a la órbita de Trabajo. Los libertarios tienen en carpeta la idea de, en base a los datos, hacer una segmentación de los planes de acuerdo a los perfiles de los beneficiarios y agruparlos bajo las órbitas de diferentes secretarías. De este modo, el actual Plan Potenciar Trabajo desaparecería como tal y tendría nuevos nombres y características.

“Hoy se está a ciegas. Hay que auditar y ver dónde estamos parados”, reconocen en el Gobierno sobre el tema. De momento sí saben que un 80% de los planes está en manos de organizaciones, a las que esperan remover como intermediarias.