La reciente elección judicial en México ha dejado una estela de controversia tras conocerse que al menos seis aspirantes con antecedentes cuestionables lograron suficientes votos para ocupar cargos como jueces y magistrados. Entre ellos se encuentran tres abogadas con vínculos directos a la iglesia La Luz del Mundo —cuyo líder fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil—, así como otros tres perfiles señalados por presunta participación en delitos como tortura, trata de personas y robo de combustible.
El Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de organizar estos comicios, aún podría invalidar sus nombramientos si determina que no cumplen con los requisitos de probidad y aptitud que exige la ley.
Uno de los casos más notorios es el de Carmen Alejandra Lozano Maya, electa jueza penal local en Ciudad de México con más de 44 mil votos, la cifra más alta para ese cargo. Lozano se desempeñó durante dos décadas en la Fiscalía del Estado de México y fue acusada en dos ocasiones de realizar detenciones arbitrarias y torturar a personas inocentes, además de exigir dinero a cambio de su liberación. Las investigaciones sobre estos hechos fueron cerradas sin sanciones para la exagente.
Otro aspirante polémico es Hernán Vega Burgos, quien ocuparía una magistratura local en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán tras obtener 115 mil votos. En 2009, cuando fungía como delegado del Instituto Nacional de Migración, fue señalado por su presunta complicidad con una red de trata de personas y explotación sexual. Testimonios de víctimas costarricenses lo acusaron de extorsión y amenazas. Aunque la Procuraduría archivó el caso, las denuncias nunca se desvanecieron del todo y han resurgido con su actual postulación.
En Tamaulipas, Tania Contreras, próxima presidenta del Supremo Tribunal de Justicia estatal al haber recibido 217 mil sufragios, es señalada por supuestos vínculos con una red de corrupción y tráfico de combustible. Según reportes de organizaciones civiles y medios nacionales, la trama involucra a un familiar directo de la futura magistrada y ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades militares e inteligencia del país.
El proceso también favoreció a tres abogadas estrechamente relacionadas con La Luz del Mundo, una congregación evangélica bajo investigación en México y Estados Unidos. La más destacada es Madián Sinaí Menchaca Sierra, elegida jueza de distrito en materia administrativa en Jalisco. Es hija del actual líder de la iglesia y ha estado involucrada en incidentes legales, como una detención por lesiones en 2024, que no trascendió mediáticamente.
También figura Eluzai Rafael Aguilar, aspirante a jueza penal en Jalisco e hija de un ministro de esa congregación. Su formación académica y actividades profesionales están ligadas a instituciones creadas o financiadas por La Luz del Mundo, y su postulación ha sido calificada como de alto riesgo por organizaciones civiles. Salma Jaanai Martínez Macías, electa jueza federal penal en Coahuila, ha manifestado abiertamente su pertenencia a la iglesia en redes sociales y recibió respaldo explícito de miembros de la congregación durante su campaña.
El avance de estos perfiles en la carrera judicial ha encendido las alarmas de víctimas y organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de que estos cargos se utilicen para frenar investigaciones abiertas contra la iglesia por trata de personas y lavado de dinero.
