Los servicios de inteligencia españoles han concluido que la masiva irrupción de inmigrantes marroquíes en Ceuta, que provocó casi un centenar de ahogados y desestabilizó la ciudad, no fue un evento planificado por las autoridades de Marruecos. Sin embargo, se determinó que estas no solo no detuvieron la marea humana que se dirigía a El Tarajal, sino que facilitaron su paso y obtuvieron réditos políticos de la repercusión internacional del suceso. La Moncloa calificó lo ocurrido como una «violación de la integridad territorial» de España, pero no reunió al gabinete de crisis.
La investigación descarta que la crisis fuera el resultado de un plan premeditado, sugiriendo en cambio un acto de oportunismo. El éxodo masivo se originó a partir de un bulo difundido por redes sociales y grupos de mensajería, el cual indicaba que España acogería a los inmigrantes sin repatriarlos, tras una sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba que no se podía aplicar la «devolución en caliente» a quienes llegaban a nado a Ceuta y Melilla. A diferencia de eventos anteriores, Marruecos esta vez permitió la difusión de este rumor y redujo la vigilancia fronteriza durante la Fiesta del Trono, franqueando el paso a la multitud.
Aunque la operación no fue diseñada por el Estado marroquí, los expertos españoles señalan que la vieron como una oportunidad. El resultado es que Marruecos logró posicionar su reivindicación sobre Ceuta y Melilla en la agenda internacional, a pesar del alto costo en vidas humanas. El Departamento de Estado de EE. UU. calificó el hecho como una «flagrante violación de la soberanía» española. El presidente español, en una carta a las instituciones europeas, se quejó de respuestas «egoístas, polarizadoras e ilegales» de algunos países. El pasado jueves, el diario marroquí Le 360, cercano al Palacio, calificó a Ceuta y Melilla como «ciudades ocupadas en territorio marroquí» cuyo estatus es «insostenible».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que los servicios secretos españoles no alertaron sobre la situación, generando malestar en Defensa. El presidente español, en una visita a Ceuta, calificó la entrada masiva como un «ataque y violación de la integridad territorial de España», términos que remiten al artículo octavo de la Constitución. El Gobierno, sin embargo, evitó responsabilizar directamente a Marruecos y el Ministerio de Defensa no tomó el mando de las operaciones, limitándose a poner militares a disposición de Interior y desplegar patrulleros con una barrera de boyas en la frontera marítima.
