El Gobierno relativizó los reclamos de la CGT y los describió como un «problema de protagonismo» de los líderes de la central obrera. Pese a las razones planteadas por los sindicalistas, por ahora no habrá una convocatoria.
En la Casa Rosada causó sorpresa el comunicado de la central obrera, en el que expusieron su preocupación por los recortes que prevé el Gobierno para programas sociales y ayuda a los sectores productivos. Es que por primera vez desde que asumió Alberto Fernández, el sindicalismo, que hasta ahora se mostró como un aliado granítico, dejó abierta la posibilidad de activar una medida de fuerza.
«Es una petición de protagonismo. No hay una explicación racional», aseguró uno de los hombres de confianza del presidente Alberto Fernández.
La raíz del malestar del sindicalismo peronista es la indiferencia del Gobierno con algunas de sus demandas y el deterioro del sistema de obras sociales, que está en rojo, con un déficit mensual de $1500 millones, según precisó ayer José Luis Lingeri, el hombre de la CGT a cargo de los temas vinculados a la salud.
En este punto, desde el Gobierno explicaron que el reclamo sobre el costo de la vacuna contra el coronavirus que planteó la CGT «no resiste el menor análisis». Es que la vacuna será gratuita, como ya lo explicó el ministro de Salud, Ginés González García. Esto también se los dejó en claro el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en las charlas que mantuvo con los sindicalistas tras la publicación del reclamo.
Pese al malestar que generó la demanda pública, no habrá recriminaciones desde el Poder Ejecutivo. «Está todo bien, no hay que exagerar. El diálogo es muy bueno y así se mantendrá. Claudio [Moroni] habla mucho con los muchachos», explicaron fuentes oficiales.
Uno de los temas que generaron mayor malestar en la central obrera, que ayer retomó las reuniones presenciales en la sede Azopardo, fue que se enteraron por los medios de comunicación los planes de ajuste que lanzó el Gobierno para ordenar los números y bajar el déficit fiscal, esto en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cerca del Presidente también especularon en que la queja es producto de la interna por el liderazgo dentro de la CGT, que se dirimirá el año que viene.
Ayer, los sindicalistas encendieron la alarma. «La CGT expresa su preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales», advirtió la central obrera en un comunicado.
La inquietud está centrada en la decisión de reducir sensiblemente el número de beneficiarios que perciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Según adelantó LA NACION, serán unos 2.500.000 de personas los que recibirán el bono de 10.000 pesos, lo que implica una reducción de más de 6 millones de beneficiarios. También hay intranquilidad por la posibilidad de una fuerte caída del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que asiste a las empresas, especialmente a las Pymes.
Además, los gremios reclamaron que el nuevo régimen de movilidad jubilatoria no signifique una pérdida para los jubilados y renovaron sus críticas por los alcances del impuesto a las
Ganancias que pesa sobre los salarios. La CGT también lanzó la advertencia en la antesala a la negociación entre la gestión de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
