El Gobierno ya trabaja en la estrategia legal para presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la cautelar dictada por la Corte Suprema y que repuso parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad. Alberto Fernández y un puñado de funcionarios de su confianza avanzaron en las últimas horas con la mira puesta en el próximo miércoles, cuando vencen los plazos para presentar la apelación.
Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno apoyará sus argumentos, principalmente, en que ya hay una ley de Presupuesto dictada por el Congreso que fija la asignación de recursos para 2023. Y que no se puede, a esta altura del año, modificar esa distribución, dado que el aumento de fondos de la coparticipación primaria que la Corte ordenó efectuarle a la administración de Horacio Rodríguez Larreta va en detrimento de otras inversiones públicas pautadas. De ahí que en la Casa Rosada repiten, sin cesar, que el fallo es “de imposible cumplimiento”.
Los funcionarios de Fernández apuntarán a las leyes 23.982 y 11.672 que, siempre según la interpretación que hacen en la Casa Rosada, dicen que las sentencias que determinan pagos con fondos públicos deben ser contempladas por el Congreso y previstas en el Presupuesto Nacional. La última de esas normas fija que “en el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente”.
Deliberaciones legales
Antes de cerrar la semana con las celebraciones de Nochebuena y Navidad, el Presidente dialogó con especialistas jurídicos y funcionarios de su confianza. Deliberó sobre el fallo de la Corte y sobre el contenido de la apelación que hará el Gobierno, con el objetivo de que la puja jurídica se extienda y así justificar la decisión política de no aumentar los fondos girados a Rodríguez Larreta.
Quienes dialogaron con Fernández en las últimas horas lo escucharon hablar en términos jurídicos, en el papel de profesor de Derecho, justificando así la actitud que tomó el Gobierno tras recibir una fuerte presión de los gobernadores peronistas. Los caciques del PJ instaron al jefe de Estado a que “hiciera algo” para darle batalla a los cortesanos. En la Casa Rosada, el Presidente y sus funcionarios más cercanos buscaron un ropaje jurídico para sostener la determinación política de no acatar lo dispuesto por el fallo.
En la presentación ante la Corte, además del propio Fernández -que supervisa con su mirada legal- debe trabajar la Procuración del Tesoro Nacional, cuyo responsable máximo es Carlos Zannini, espada jurídica de Cristina Kirchner en el gobierno nacional. Zannini es el funcionario que debe presentar el escrito ante el máximo tribunal, al cuarto piso de Talcahuano al 500. El vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra -guardiana jurídica del Presidente- tuvieron un rol de apoyo al jefe de Estado en la estrategia legal que llevará el Gobierno.
Según los plazos legales, el Gobierno tiene tres días hábiles para presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada por la Corte, que aumentó la coparticipación para la Ciudad del 2,32 al 2,95%. El Poder Ejecutivo fue notificado el miércoles pasado por lo que -dado que el viernes hubo asueto administrativo- el plazo vencería en las primeras dos horas de tribunales del miércoles próximo.
Además, el Gobierno anunció que va a recusar a los cuatro miembros de la Corte Suprema. En la Casa Rosada hablan con los peores calificativos de los supremos, mientras que el kirchnerismo asegura, directamente, que hay un “gobierno de facto” por parte del máximo tribunal. Se espera que Cristina Kirchner haga alusión a este concepto el martes, cuando reaparezca en público el martes, en un acto en Avellaneda.
En el Gobierno, en tanto, esperan tener un fuerte soporte de los gobernadores en la estrategia judicial. Según se anunció, los mandatarios de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, solicitarán que sus provincias sean tenidas por parte en el expediente acompañando el planteo de la Nación. Uno de esos gobernadores, por caso, señaló a LA NACION que los abogados de su administración “ya están trabajando” para hacer las presentaciones pertinentes.
El jueves, en una reunión en Casa Rosada, hubo mandatarios provinciales que reclamaron iniciar un juicio político contra los ministros de la Corte y otros, directamente, pidieron que el Gobierno desconociera, sin más, el fallo dictado por el máximo tribunal. Fernández y sus funcionarios replicaron con la propuesta de recusar a los jueces -en lugar del juicio político- y pedir la revocatoria del fallo.
