Luego de algunos días de misterio, el gobierno de Alberto Fernández decidió enviar al Senado un proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura y elevar su integración de los actuales 13 a 17 miembros, con mayor representación de abogados, jueces y académicos.
El proyecto redactado por el Poder Ejecutivo busca equilibrar las fuerzas entre los distintos sectores que componen el Consejo de la Magistratura, y por sobre todo, anticiparse a un inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se emitiría durante este mes para declarar inconstitucional la actual conformación del organismo encargado de designar y enjuiciar a los magistrados, que en 2006, durante el primer gobierno kirchnerista, pasó de 20 miembros a los actuales 13. El fallo que se encuentra elaborando la Corte Suprema podría dejar al actual titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, también como presidente del Consejo. La idea del Gobierno es que la presentación del proyecto frene ese fallo del máximo tribunal.
Según el texto que se enviará al Senado, seis de los nuevos integrantes serán legisladores (cuatro por la mayoría, dos por la minoría). Eso no modificará la composición política actual, aunque al menos la mitad de los representantes del Poder Legislativo deberán ser mujeres. Otros cuatro consejeros serán jueces, más cuatro representantes de los abogados, uno designado por el Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico. Durarán cuatro años en sus cargos, reelegibles por una vez.
“Ninguno de los cuatro miembros que se suman representa al estamento político, ya que se agregan un juez, dos abogados y un acádemico”, explicó la portavoz Gabriela Cerruti, que en Casa Rosada anunció el envío del proyecto al Congreso. Para Cerruti, la nueva composición “va a permitir una representación más equilibrada” de los distintos sectores, “para garantizar la independencia del poder judicial y recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia”.
Cerruti negó además que el envío del proyecto tenga relación con el eventual fallo de la Corte. “La reforma del 2006 fue judicializada en distintas instancias, y hace muchos años ya, no tenemos ninguna razón para creer que no sucedió en los últimos años suceda ahora. No gobernamos en base a trascendidos periodísticos y nos parecería extraño e incorrecto que se anticipen los fallos a los medios de comunicación antes de fallar”, contestó Cerruti. Mañana, el ministro de Justicia, Martín Soria, visitará la Corte Suprema en un encuentro “previsto con anterioridad”, según fuentes oficiales.
Cerruti prometió además un “amplio debate en el Congreso”, mientras en la oposición sostienen que el Gobierno, con este proyecto, busca justamente evitar el fallo de la Corte que retrotraiga el Consejo a una composición de 20 miembros, y que vuelva a tener al presidente de la Corte como titular del Consejo. Alegan que el oficialismo “está cómodo” con el Consejo actual, a pesar de que no logró aprobar algunos concursos clave, como el de la Cámara Federal porteña, porque puede manejar la administración del Poder Judicial y avanza con algunas ternas.
En el macrismo, además, hacen cálculos -pesimistas a sus intereses- sobre a quiénes podrían responder, en términos políticos, los nuevos representantes de jueces, abogados y académicos. Cuestionan, por ejemplo, que el proyecto estipule que un académico sea elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional por mayoría simple, mayoría que tiene el kirchnerismo.
En el oficialismo, en cambio, destacan que la composición que propone esta nueva iniciativa es casi igual al proyecto que presentó en su momento el ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, y que la única diferencia en materia de composición es que ellos incluyen un académico más.
La conferencia de Cerrutti se dio minutos después del anuncio de la primera reunión del ministro Soria a la Corte Suprema en los Tribunales. La visita se da ocho meses después de que Soria reemplazara a Marcela Losardo. Soria, motor de la nueva reforma del Consejo, pidió audiencia con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y será recibido a las 10 de este martes en el Salón de Embajadores del Palacio de Justicia.
La reforma de 2006 le dio preeminencia al estamento político por sobre el técnico y ese es el sistema que rige desde hace 15 años con las consiguientes dificultades para designar y remover magistrados. El Colegio de Abogado de la Ciudad planteó la inconstitucionalidad de la norma. La Corte ahora declararía inconstitucional el funcionamiento del cuerpo, e instaría al Congreso a que cambie la ley. La duda es si los jueces le darán un plazo al Congreso o si su sentencia se quedará en una admonición.
La visita de Soria a la Corte se descuenta que tendrá como tema esta nueva ley y la inminencia del fallo que declare inconstitucional el actual sistema. La Corte ya una vez escuchó por boca de un funcionario del Poder Ejecutivo un pedido para que no declaren la inconstitucionalidad de la ley que rige el Consejo de la Magistratura. Fue durante el Gobierno de Cambiemos y el reclamo corrió por cuenta del exjefe de gabinete Marcos Peña, quien les explicó a los jueces la voluntad de plantear una reforma de esa ley. Finalmente eso no ocurrió.
Soria y los jueces de la Corte no se conocen. Es más, la relación entre el Gobierno y la Corte viene siendo de máxima tensión desde que el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner en particular, descargaron duras críticas sobre los magistrados. Soria se sumó a ellas con tuits incendiarios desde que asumió el 29 de marzo pasado en reemplazo de Losardo, la única ministra del Gobierno que alguna vez pisó los tribunales. Con este clima previo, en la Corte esperan y escuchan pero teniendo presente este principio: “Diálogo interpoderes sí, pero injerencias no”.
