La Corte Suprema evitará responder públicamente los ataques del oficialismo y anticipar sus movimientos. Con una amplia agenda temática, los jueces se enfocarán en sus decisiones judiciales para sobrellevar la embestida del Gobierno con el juicio político.
En el Palacio de Justicia, el proceso abierto en Diputados es visto como un “ataque bestial”, que “nunca se vio en los tribunales”, para condicionar al Poder Judicial.
El jueves pasado, en silencio, los jueces de la Corte se vieron por primera vez las caras después de las vacaciones y acordaron que la unidad es la manera de enfrentar el juicio político, dejando de lado sus diferencias. Prima la idea de que si son convocados por el Congreso, no acudirán, y que la única intención del Gobierno es deslegitimar al Poder Judicial y sembrar temor entre los tribunales inferiores que tramitan denuncias contra Cristina Kirchner.
El proceso en la Comisión de Juicio Político entra ahora en una etapa clave: se aprobó la admisibilidad de las 14 acusaciones contra los cuatro jueces y se comenzará a exhibir la prueba, de la mano de un desfile de los testigos propuestos por el Gobierno. Empieza el show oficialista y el primer blanco es el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Muchos testigos concurrirán de buen grado. Por ejemplo, los integrantes de organismos de derechos humanos que simpatizan con el kirchnerismo. En otros casos, los testigos citados se negarán a concurrir, con lo que se pondrá a prueba la efectividad de la Comisión de Juicio Político para recurrir a un juez federal que los haga comparecer forzosamente. Este es el mecanismo que contempla el reglamento de la comisión. Judicializar las citaciones, además, abre la puerta para extender el proceso, de la mano de impugnaciones y apelaciones.
En la Corte, en tanto, siguen de cerca los movimientos en la Cámara baja –por medio de colaboradores o por las noticias–, pero eligen no contestar públicamente. De todas formas, desde el máximo tribunal hacen saber las inexactitudes, incongruencias o exageraciones de lo que se escucha en el Congreso. Por ejemplo, cuando Leopoldo Moreau dijo que se había nombrado como secretaria a la hija de la jueza Elena Highton, con el presunto fin de asegurar el voto de su madre en el caso Muiña, donde se discutía otorgar el 2×1 a militares presos por delitos de lesa humanidad, en la Corte recordaron que el nombramiento ocurrió dos años antes de esa sentencia. O cuando se le recriminó a Rosatti no haber hecho nada como intendente de Santa Fe ante el testimonio de una víctima de la represión ilegal sobre un empleado municipal, señalan que el Rosatti dispuso un sumario administrativo y el cese de ese agente.
Al mismo tiempo, en la Corte agitan viejos tuits de los legisladores y gobernadores que ahora promueven juicio político, pero que cuando lograron fallos en su favor declararon la necesidad de respetar las sentencias del máximo tribunal. Incluyen en esa lista un decreto de 2015 de Cristina Kirchner, recientemente leído por la diputada Silvia Lospennato (Pro): “La administración pública debe ajustar su conducta a los lineamientos doctrinarios establecidos por la Corte Suprema, absteniéndose de cuestionarlos o de entrar en polémica con ellos”, afirmó entonces Cristina Kirchner. Otra época.
La Corte prepara una agenda que, en lo inmediato, propone avanzar con la normalización del Consejo de la Magistratura, donde falta tomarles juramento a los consejeros del Senado. El otro caso de interés político es la disputa por la coparticipación federal, donde la Corte ya otorgó una medida cautelar a la Ciudad. Allí, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta exige que le paguen, cosa que aún no ocurrió, y la Nación reclama apartar del caso a todos los jueces de la Corte.
Pero la agenda judicial es más amplia y la Corte Suprema propone responder al juicio político con sentencias. Se está trabajando en los acuerdos futuros. La semana pasada, los jueces del máximo tribunal firmaron 207 expedientes, incluido un fallo contra el Gobierno, que había cedido tierras a una comunidad mapuche en Bariloche.
La pelea del Gobierno con el Poder Judicial ya tuvo efectos económicos. A partir de este año, la Dajudeco, que es el organismo que depende de la Corte y se encarga de las escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia y el análisis de entrecruzamiento de llamadas, será sustentada por el presupuesto de la Corte. Dejaron de llegar del Tesoro Nacional los fondos para mantener la infraestructura y los sueldos de las 300 personas que trabajan allí.
Con la llegada de febrero, y el regreso de los jueces a sus despachos, se registraron otros cambios bajo radar. Ahora los jueces hablan todos con todos. Los recelos que podía haber en el pasado no quedaron de lado, pero las circunstancias de la hora imponen la unidad, según dijo un funcionario de los tribunales.
Los jueces no hicieron evaluaciones públicas sobre el contenido del juicio político, pero en privado y en cada vocalía coinciden en un punto: que “fue bestial el ataque” del Gobierno y que alcanza a los cuatro por igual. “Vienen por todos”, evalúan, y señalan que les llama la atención la “agresividad” de lo que se escucha en el Congreso y la “exageración”, la brecha entre la verdad de los hechos y el relato oficialista.
La ceremonia de apertura del año judicial, una costumbre que cambió con la pandemia, no está en agenda al menos por ahora. Sin embargo, los presidentes de las cámaras federales de todo el país preparan un encuentro en el que expondrán el apoyo a la Corte ante la embestida del Gobierno. Una evidencia de que en los tribunales federales está vigente la misma percepción de que se busca desgastar a la Corte y con ello deslegitimar las decisiones del Poder Judicial.
