Un tribunal federal de apelaciones decidió permitir temporalmente que el gobierno de Donald Trump mantenga el control de la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles, a pesar de una orden previa de un juez que prohibía esta intervención. Este fallo de emergencia del Noveno Circuito dejó en suspenso la decisión de un magistrado que había dado la razón al estado de California, argumentando que la Casa Blanca violó la Constitución al movilizar tropas sin la solicitud oficial de la autoridad estatal. Las partes volverán a exponer sus argumentos en una audiencia prevista para el martes próximo.
El juez Charles Breyer había dictado que el gobernador Gavin Newsom debía recuperar el control de los 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y de los 700 marines desplegados, considerando que Trump excedió sus atribuciones al ordenar esta operación sin coordinación con el gobierno estatal. Sin embargo, la Administración federal apeló rápidamente, logrando llevar el caso ante un tribunal considerado más favorable, donde dos de los tres jueces del panel fueron nombrados por el propio Trump durante su primer mandato.
La decisión inicial fue celebrada por Newsom, quien había planeado devolver a la Guardia Nacional a sus funciones habituales, como la vigilancia fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y la prevención de incendios forestales, tareas esenciales para el estado de California. El gobernador criticó duramente la postura de Trump, acusándolo de actuar como un monarca al pasar por alto las restricciones constitucionales que impiden al gobierno federal usar tropas dentro de un estado sin permiso expreso.
El conflicto legal se originó cuando California demandó al gobierno federal, alegando que la Constitución garantiza a los estados el control de sus fuerzas de seguridad a menos que soliciten asistencia al gobierno nacional. La demanda sostiene que las leyes estadounidenses limitan estrictamente el uso militar en asuntos internos, incluido el empleo de la Guardia Nacional, salvo situaciones excepcionales. Mientras tanto, el enfrentamiento judicial continúa sin una resolución definitiva.
